El presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a la Sala Superior del Tribunal Electoral que la magistrada Janine Otálora no participe en la resolución del juicio promovido por el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, luego de que se filtrara su proyecto a favor del exfuncionario.
A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el titular del ejecutivo aseguró que la magistrada no acató el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la Constitución por lo que presentó un incidente de impedimento en contra de Otálora.
A la par, señaló que la magistrada se pronunció anticipadamente a favor de la demanda del exsecretario ejecutivo del INE,
Edmundo Jacobo, sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas en el juicio y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior, como lo indican los artículos 17 y 18 de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Y es que este lunes, el proyecto de resolución que presentaría la magistrada y con el que pretendía dar revés al Plan B del presidente fue filtrado a medio de comunicación con lo que se violentó el Reglamento Interno del Tribunal electoral que impide entregar a personas ajenas los proyectos o anticiparlos.
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"Tampoco podrá hacer del conocimiento de las partes o de cualquier otra persona el sentido de algún proyecto antes de que se resuelva el asunto respectivo", reza argumentó al consejería con base en el articulo 146.
Además, afirmó que con la filtración de su postura anticipada, también contraviene el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación (PJF), que establece que un magistrado debe “… juzgar con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables”.
Por ello, pidió a la Sala Superior actuar apegada a derecho y ordenar a la magistrada Janine Otálora abstenerse de intervenir en el trámite y resolución del juicio promovido por el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
El proyecto de la magistrada pretendía devolver al secretario su cargo al asegurar que el Congreso de la Unión no tiene la capacidad de tomar una medida de esta naturaleza en el articulado transitorio de una reforma.