El Gobierno de México negó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realice espionaje, pues aseguró que se trata de acciones de inteligencia orientadas a conocer con profundidad aspectos relacionados con amenazas y riesgos de la seguridad nacional, así como su probabilidad de ocurrir y su impacto.
En un comunicado, el gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió las tareas de inteligencia de la Sedena que se realizan con fuentes de información abiertas y bases de datos que obtienen de manera legal autoridades responsables de la seguridad pública.
A la par, descartó que éstas labores están dirigidas a conocer el entorno privado de actores políticos, sociales y mediáticos, pues las comunicaciones privadas son inviolables y sólo un juez puede autorizar su intercepción, siempre y cuando contengan información relacionada con un delito.
"Por tal motivo, las instancias de seguridad nacional están impedidas legalmente para realizar este tipo de actividades sin la orden de un juez", precisó.
Sin embargo, reconoció que han existido casos en los que la información recabada por este tipo de actividades ha arrojado que algunas personas se encuentran relacionadas con organizaciones delictivas.
Además, reiteró que los documentos relacionados al ciberataque que sufrió la Sedena, mejor conocidos como SedenaLeaks, no son oficiales, pues carecen de validez.
Y advirtió que derivado del ciberataque algunos formatos de informes militares quedaron expuesto a la luz pública por lo que cualquier personas ajena al instituto podría elaborar documentos apócrifos con el objetivo de perjudicar la imagen institucional de las fuerzas armadas.
También destacó que los rasgos más importantes de las tareas de inteligencia son de carácter confidencialidad por lo que se cuenta con la capacidad de reservar información que pueda comprometer la seguridad nacional hasta por un periodo de cinco años.
Finalmente, el Gobierno de México aseguró que todos los esfuerzos de inteligencia van dirigidos a combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico por lo que no se ha detenido a ningún actor político, social o perteneciente a una organización de derechos humanos.
En cambio, se han detenido a mil 393 personas; de las cuales 27 son relevantes por tratarse de presuntos líderes de las organizaciones criminales y generadores de violencia en el país, entre ellos: Ovidio “N”, José Guadalupe “N”, Gerardo “N”, José Antonio “N” y José Alfredo “N”.