La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una controversia constitucional en contra del llamado Plan B, promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Con esto el INE avanza en "la primera batalla" en contra de las reformas electorales a leyes secundarias ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
"El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal", señala un aviso de la Suprema Corte de Justicia.
El INE argumentó que con ello se violan sus funciones como órgano autónomo como garante de principios de equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia.
Te podría interesar
En el aviso de la Corte, se informa que las autoridades demandadas en esta controversia, como la Cámara de Diputados, el Senado, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tienen 30 días hábiles para responder, es decir, un plazo que vence la segunda semana de abril.
La controversia constitucional del INE fue interpuesta el 1 de enero del presente año.
¿De qué trata el Plan B?
La iniciativa que reforma las leyes secundarias en materia electoral fue promovida por la Presidencia de la República y aprobada por el Senado el pasado 15 de diciembre.
El Plan B desaparece las 300 juntas ejecutivas distritales, que actualmente se encargan de preparar, organizar y celebrar las elecciones; y se reducen las juntas ejecutivas locales. Se eliminan las sedes de los módulos del INE así como la Junta General Ejecutiva del órgano electoral.
El INE ha advertido que el llamado Plan B puede afectar la organización de las elecciones, el tiempo para integrar las mesas directivas, la protección de datos personales, así como provocar la desaparición de más de 2 mil plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.