El Poder Ejecutivo de la República, mediante su Consejería Jurídica, impugnó la suspensión emitida por el ministro Alberto Pérez Dayán para el decreto que reforma las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas en el Estado de México y Coahuila.
"Las normas expedidas por el Congreso de la Unión solo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos", argumentó la Consejería Jurídica mediante un comunicado.
Asimismo, señaló que el ministro Pérez Dayán no puede tomar este tipo de medidas que se apartan de las reglas específicas para los medios de control constitucional por razones políticas o personales.
"Resulta preocupante que el ministro Alberto Pérez suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de alguna afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como lo señala de forma dogmática en su determinación", continúa el comunicado.
Agregó que la suspensión del ministro Pérez Dayán afectaba gravemente la división de poderes y por no mostrar pruebas de la existencia de alguna afectación a la democracia , viola el principio de presunción de validez.
"Es fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que les corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes", dice el comunicado del órgano federal.
El ministro Alberto Pérez Dayán otorgó una suspensión provisional el 21 de febrero pasado para que las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas del Plan B no se aplicaran a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México en 2023, luego de que los partidos de oposición PAN, PRI y MC presentaran impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.