El presidente AMLO lo logró: el llamado Plan B en materia electoral fue aprobado en el Senado, por lo que ya podrá ser publicado por el Ejecutivo federal en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El aval se dio este miércoles con 72 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones. Apenas el pasado lunes el dictamen avanzó en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda.
La iniciativa -que ha derivado en una abierta confrontación entre AMLO y el INE- ya no contempla la polémica cláusula sobre la "vida eterna" para fuerzas políticas como el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, la cual implicaba un convenio de transferencia de votos en las coaliciones electorales a fin de garantizar su registro.
El Plan B de AMLO también exhibió una evidente fractura entre Morena y aliados con la oposición. Por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, diversos senadores se pronunciaron en contra de la reforma y advirtieron que recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenarla.
En voz de la senadora Indira de Jesús Rosales, el PAN incluso acusó que el Plan B busca incidir directamente en las elecciones del 2024, en las que se relevará la Presidencia de México.
En tanto, el emecista Dante Delgado señaló que esta reforma de AMLO es "regresiva y tóxica". Además, alertó que pone en riesgo la estabilidad del país.
¿Qué es el Plan B de AMLO?
El llamado Plan B surgió como una alternativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que en el Congreso no prosperó su reforma constitucional en materia electoral. Esta última iniciativa buscaba acciones más drásticas como recortar el número de legisladores y sustituir al Instituto Nacional Electoral (INE).
Ante el rechazo de la oposición, AMLO impulsó el plan B que establece medidas como desaparecer las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, así como eliminar el 84.6 por ciento de las plazas que integran el Servicio Profesional Electoral, según advirtió el INE en diciembre pasado.
También borra la Junta General Ejecutiva del INE, la cual sería sustituida por una Comisión de Administración, integrada por cinco consejeras y consejeros, cuya única función se centra en tareas administrativas.
Al respecto, el árbitro electoral y expertos han advertido una seria regresión para la democracia en México.