El Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de Las y Los Diputados, señaló que, "desafortunadamente, durante las fiestas decembrinas y con la entrega del aguinaldo se incrementa la actividad delictiva", por lo que pidió a las autoridades “optimizar las medidas para inhibirla”.
“Hacemos un llamado a la población para tomar precauciones. Debemos ser selectivos con las ubicaciones donde se retira efectivo, así como con las rutas de transporte que se utilizan y los taxis que se abordan”, alertaron
Ante dicha situación, y “para enfrentar el delito de secuestro en el transporte público”, el grupo parlamentario ecologista recordó que, este año, propusieron hacer modificaciones al Código Penal Federal.
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“La iniciativa presentada, pide incrementar la pena de prisión hasta en 50 por ciento, para las y los choferes de transporte público que, con violencia, priven de la libertad a los usuarios, durante la prestación del servicio”, explicaron
La diputada del Partido Verde, Angélica Peña, detalló que la pena actual por secuestro es de seis meses a tres años, con la posibilidad de aumentar en casos de violencia, y cuando la persona afectada sea menor de edad o mayor de 60 años.
La propuesta, dijo, “sugiere agregar otra agravante, que se aplicaría específicamente cuando el delito se cometa mientras el secuestrador presta servicios de transporte de pasajeros”.
“En el más reciente reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana -hasta octubre del 2023- hay registro de 372 secuestros, y los más frecuentes son por extorsión y el exprés”, recordó la legisladora
La propuesta
Las y los congresistas del Partido Verde, destacan la importancia de esta reforma, al considerar “la creciente frecuencia de secuestros en servicios de transporte público, especialmente de mujeres”.
En conjunto, el grupo parlamentario enfatizó que la propuesta presentada, “no altera el tipo penal base, sino que añade una agravante para combatir una situación real, en la que las víctimas se encuentran en una posición vulnerable”.
La diputada veracruzana, subrayó las “graves consecuencias” que este delito tiene en las víctimas, al afectar su bienestar psicológico, emocional, físico y familiar.
“Urge abordar este problema mediante la modificación del marco normativo”, argumentó
La propuesta, concluyó la diputada Angélica Peña Martínez, "responde a la necesidad de proteger a los usuarios de servicios de transporte público que por necesidad recurren a estos servicios, y dentro de un vehículo en movimiento, enfrentan situaciones de vulnerabilidad, difíciles de superar”.