Tras casi 12 horas de audiencia, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, recibió un nuevo revés a su posibilidad de dejar el Reclusorio Norte, luego de que un juez de control le volvió a negar la libertad condicional.
Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, anunció que el próximo lunes apelarán la resolución del juez de esta madrugada.
Cabe recordar que la defensa del exfuncionario había solicitado esta audiencia a fin de revisar las medidas cautelares y revertir la prisión preventiva justificada dictada en su contra desde 2021.
Sin embargo, dicha medida le fue negada por segunda ocasión por un juez de control, por lo que deberá continuar tras las rejas por presuntos actos de corrupción relacionados con la constructora Odebrecht.
Te podría interesar
¿Por qué Emilio Lozoya no logró obtener su libertad?
Previo al inicio de la audiencia para revisar la prisión preventiva justificada, Miguel Ontiveros, abogado del exdirectivo, explicó que con la audiencia de este viernes se buscaba conseguir la libertad condicional, misma que está respaldada por un principio constitucional sobre que una persona no puede estar más de dos años sin sentencia.
“El 3 de noviembre (de 2021), ya tiene más de dos años privado de su libertad ilegal, de manera injustificada ha estado privado de la libertad, creemos firmemente que Emilio Lozoya nunca debió haber ingresado a prisión”, explicó.
De esta forma la defensa buscaba que el exfuncionario saliera del Reclusorio Norte este mismo viernes y cumpliera con otras medidas cautelares como acudir ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) a firmar de manera periódica y usar un brazalete electrónico para su fácil localización.
Recordemos que en mayo de 2019, un juez federal giró una orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin, por presuntamente haber recibido sobornos por parte de la empresa brasileña Odebecht cuando se desempeñaba como director de Pemex.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al exfuncionario de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos por parte de dicha compañía, cuyos recursos habrían servido para comprar el voto a favor de legisladores a la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto.
Por lo anterior, en febrero de 2020 fue detenido en Málaga, España y cinco meses después extraditado a México como testigo protegido de la FGR a cambio de inculpar a otros políticos.
No obstante, el 3 de noviembre de 2021 ingresó a prisión preventiva a petición del Ministerio Público y tras justificar un posible riesgo de fuga al ser captado en un lujoso restaurante, el juez le concedió la medida cautelar, la cual se mantendrá vigente.