El País develó una estafa de inversión privada dentro de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) a través de purificadoras de aguas.
De acuerdo con el medio, la paraestatal acordó con empresarios la instalación de las plantas; sin embargo, "perdió dinero en hacerlas funcionar a cambio de quedarse con ellas en 2024". Dichos establecimientos quedaron completamente abandonados pasado el primer año de producción.
En junio de 2020, Ignacio Ovalle, director de la dependencia, presentó el proyecto para instalar 274 plantas purificadoras de agua en los almacenes de la dependencia. No obstante, el diario precisa que el plan se 'maquinó' desde tiempo atrás debido a que el acuerdo se logró el 29 de julio de 2019.
El convenio fue firmado por Diconsa y Liconsa, bajo el nombre de Segalmex, según documentos a los que tuvo acceso.
Aunado a esto, René Gavira -titular de Administración y Finanzas y quien fue detenido en Miami, Estados Unidos, la semana pasada- fungió como representante legal de Diconsa.
"Junto a él firmó Manuel Lozano Jiménez, el exdirector comercial del organismo, ahora en prisión domiciliaria en Argentina", añade.
El País accedió a un documento en el que se hablaba de establecer 137 plantas purificadoras en la región norte y centro del país -todas ellas con dinero de empresarios privados-. Se proyectaba producir garrafones de 20 litros de agua con el objetivo de ser comercializados en las tiendas Diconsa.
El plan consistía en que la subsidiara de Segalmex aportaba el espacio, se encargaba de los gastos por servicios como energía eléctrica y agua potable de la red pública, el almacenamiento, distribución del producto, recuperación de garrafones vacíos y suministro inicial de 500 mil envases de 20 litros vacíos.
En tanto, las empresas tendrían que poner -cita El País- "la tecnología de modificación molecular diseñada para tratar aguas con contaminantes diversos". Asimismo, sus tareas abarcaban en llenar los envases con el agua tratada y ejecutar controles de calidad.
También se gestó otro convenio similar por la región sur y centro del país. Para cada contrato se puso 'la meta' de iniciar con un mínimo de producción de 3.9 millones de garrafones al mes. Pero las ventas se ubicaron muy por debajo de lo previsto ya que, entre 2020 y 2021, vendieron apenas 4.9 millones de pesos.
Fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato develaron al periódico que los empresarios persuadidos para invertir en el plan fueron:
- Hugo Rosales Badillo, exsecretario de Gobierno del Estado de Durango, quien según esas versiones aportó dos millones de dólares en efectivo. (Logró recuperar 10 millones de pesos a través de una transferencia).
- Un empresario maderero del Estado de Chihuahua de apellido González (entregó 18 millones de pesos)
- Luis Molleda Cámara, un empresario que fue contratista regular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y falleció en 2022 (invirtió 160 millones de pesos).
Para la adquisición de garrafones, Segalmex firmó un convenio por 99.9 millones de pesos por cerca de 1.8 millones de envases, de los cuales recibió sólo un tercio. Cálculos citados por el diario indican que el total de los envases adquiridos solo se utilizaron unos 214 mil.
"El esquema de pagar todas las compras por adelantado y pedir el producto luego fue una medida que se impuso en la Administración de Ovalle. No es un mecanismo regular en las contrataciones públicas y sirvió para que los proveedores no entregaran en muchos casos la totalidad de lo comprado, generando un daño a la Hacienda pública", critica El País.
Otro fraude en Segalmex: estas fueron las empresas involucradas
El convenio de colaboración, como se hacía referencia al contrato, fue firmado por las empresas:
- Grupo Andareya
- MSG Minerales Sintéticos Granulados.
- Gainmate Comedores Industriales
- Servicios Integrales Carregin
Las dos últimas firmas eran utilizadas para la compra de agua.
"Quien manejaba los hilos de esas compañías era el empresario Fernando Zurita, ahora detenido por una compra fraudulenta de azúcar. Su enviado, quien firmaba como representante legal del consorcio, era Eduardo Murillo Landeros, también detenido en la causa judicial de Segalmex", de acuerdo con el diario español.