Cuando Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, fue acusado por el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República aseguró varios de sus bienes por considerar que estos se adquirieron con recursos provenientes del lavado de dinero. Entre ellos, estuvo una mansión ubicada en el Fraccionamiento La Retama con un valor de más 38 millones de pesos.
El pasado 10 de noviembre, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo determinó devolverle el recinto de 1 mil 165 metros cuadrados porque, de acuerdo con el periodista Arturo Ángel, consideró que el juicio que llevaba la FGR para la extinción de dominio no era procedente y, por lo tanto, no se entregaría ese inmueble al gobierno.
Según la última declaración patrimonial disponible de Lozoya, esta casa se ubica en la calle Ladera, número 20 en Lomas de Bezares, donde el exdirector pagó de contado 38 millones 175 mil pesos por el recinto con 1 mil metros cuadrados de construcción. Este se encuentra en uno de los fraccionamientos privados más exclusivos de la zona, donde las casas llegan a anunciarse a la venta en más de 50 millones de pesos a través de plataformas de compra-venta de casas.
“El fraccionamiento ‘La Retama’ cuenta con seguridad de primer nivel y tiene amenities como cancha de tenis, paddle, alberca cubierta, jardín con juegos infantiles, squash y salón de eventos. Todo, sin tener que salir de casa”, se lee en un anuncio de venta en Sotheby 's International Realty.
Una sola de las casas en este fraccionamiento puede llegar a tener cuarto para choferes y una centena de metros disponibles para construcción, aunque hasta ahora las características particulares del domicilio de Lozoya no han sido reveladas.
La casa de Lozoya, una pieza del caso Odebrecht
La mansión de Emilio Lozoya es, además, una pieza fundamental del caso Odebrecht, según Mexicanos Unidos Contra la Corrupción. Fue en este fraccionamiento donde Luis Weyll, exdirector de Odebrecht dijo haberse reunido con el exfuncionario “para negociar sobornos a cambio del contrato de la refinería en Tula”.
Los sobornos serían seis de los 10 millones de dólares que supuestamente pagó Odebrecht a Lozoya por el contrato en Hidalgo. Cuatro de ellos entregados en 2012, año en que compró el inmueble, y los otros seis entre 2013 y 2014.
El domicilio fue asegurado en 2019, pero, aunque podría ser liberado, la propia FGR señaló que “dicho inmueble también se encuentra legítimamente asegurado en otro procedimiento penal diferente por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita".
La defensa de Lozoya argumentó, según el periodista, que al momento de comprar dicho inmueble, la extinción de dominio no se contemplaba para el delito de lavado de dinero en el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, la propia FGR informó que el inmueble no será devuelto al exfuncionario bajo el criterio “inaceptable” de la jueza federal. Sobre todo porque se negaría la obligatoriedad de la Ley Nacional de Extinción de Dominio.
La dependencia recalcó el artículo sexto Transitorio y el doceavo de dicha ley para señalar que “ningún acto jurídico sobre bienes afectos a extinción de dominio puede ser legitimado, y que son legales y válidos los procedimientos de extinción que se hayan iniciado a partir de la entrada en vigor de la misma, con independencia de que el hecho ilícito haya sucedido con anterioridad”.