El tráfico ilícito de armas entre nuestro país y Estados Unidos (EU) es un problemática creciente; sin embargo, no hay datos actualizados sobre la disponibilidad de estos artefactos en territorio mexicano que permitan dimensionar el fenómeno criminal y elaborar políticas públicas, según la investigación "Armas de Fuego en México: Hacia una Política Integral".
Un estudio de la Universidad de San Diego estima que anualmente ingresan a México, por lo menos, 253 mil artefactos de este tipo desde EU, según datos de 2010 a 2012.
La investigación de México Unido contra la Delincuencia advierte que en territorio mexicano hay 16 millones 800 mil armas de fuego en manos de civiles, lo que equivale a 13 por cada 100 habitantes.
Pese a que la tasa no se compara con la de otros países, como Estados Unidos, donde es de 120.5; Yemen, con 52.8, y Serbia, con 39.1, la asociación civil advierte que el impacto que las armas de fuego tienen en la comisión de delitos en territorio mexicano es alarmante.
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Esto se debe a que el 67 por ciento de los 33 mil 287 homicidios que se registraron en 2022 fueron cometidos por disparo con arma de fuego, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que 7 de cada 10 delitos de este tipo fueron perpetrados con estos artefactos.
Además, de los 14.6 millones de delitos que se registraron el año pasado y donde la víctima estuvo presente, los perpetradores portaban un arma de fuego en el 22.8 por ciento de los casos.
En este sentido, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés) indicó que el 68.4 por ciento de las armas de fuego decomisadas en México y enviadas al país norteamericano para su rastreo fueron comercializadas desde territorio estadounidense.
Esa cifra se mantiene constante, debido a que en 2021 fue de 67.5 por ciento; en 2020 de 67.8 por ciento; en 2019 de 68.3 por ciento, y en 2018 de 70.1 por ciento.
¿Qué factores favorecen el tráfico de armas de EU a México?
México Unido Contra la Delincuencia reveló que el tráfico ilícito de armas de EU hacia territorio mexicano se da a través de prestanombres, es decir personas sin antecedentes penales las adquieren para alguien más que sí tendría problemas con una verificación.
Las redes de tráfico se benefician de que las tiendas que las comercializan no están obligadas a reportar compras sospechosas y tampoco tienen un límite en la cantidad que pueden comprar.
A lo que se añade que la exhibiciones de armas no tienen la obligación de revisar antecedentes penales. Otros factores que favorecen el tráfico ilícito son que anualmente 380 mil artefactos de este tipo son robados en EU, la ATF inspecciona menos del 10 por ciento de las armerías y en el país norteamericano hay 78 mil licenciatarios que cuentan con permiso para la venta en ese país.
El tráfico ilícito de armas fue favorecido por el vencimiento en 2004 de la prohibición federal de la comercialización de rifles de asalto de 1994.
Una política contra el tráfico de armas es necesaria e indispensable en México
El tema de los flujos ilícitos de armas de fuego de EU hacia México es un elemento que ha permanecido en la agenda bilateral desde 2006; pues se incluyó como compromiso genérico en la Iniciativa Mérida, donde el país norteamericano se comprometió a "redoblar esfuerzos" en la materia; sin embargo, no se asignaron objetivos específicos en la materia ni indicadores para medir el éxito de esos esfuerzos, según la investigación.
El contexto en el que se desarrolló la Iniciativa Mérida era diferente a la que actualmente hay en el país, debido a que en ese momento la tasa de homicidios era de 8.1 por cada 100 mil habitantes, el mínimo histórico de acuerdo con el Inegi. Por lo que la reducción de la violencia armada simplemente no era un tema “urgente” en ese momento.
Fue hasta 2021 que el Gobierno Mexicano colocó el tráfico de armas como un elemento esencial del Entendimiento Bicentenario, acompañada de el tráfico de drogas con énfasis en el fentanilo y sus precursores.
No obstante, México Unido contra la Delincuencia advierte que es necesario elaborar una política de Estado para atender la problemática, para lo cual se necesitan recursos y profesionalización para atajar los flujos ilícitos de armas de fuego. También es necesario la creación de registros actualizados y completos que permitan dimensionar el problema; así como más y mejores programas de desarme y desmovilización.
Estas acciones deben estar focalizadas y basadas en evidencia para reducir la violencia armada. Igualmente es indispensable que la política contra el tráfico de armas esté atravesada por obligaciones de transparencia, rendición de cuentas y supervisión democrática.