La organización Fundación para la Justicia acusó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, de "avalar violaciones a derechos humanos al permitir la aplicación de leyes estadounidenses en México” en medio de una crisis migrante con uno de sus proyectos que será discutido el próximo 11 de octubre.
De acuerdo con las acusaciones, Esquivel buscaría sobreseer el amparo 606/2022, interpuesto por la Fundación, en contra de la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos al señalar que este avalaba violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes con la permisión de ejecutar de leyes extranjeras.
Ante ello, la propia organización solicitó que se deseche el proyecto de la ministra y se le asigne este asunto a otro de los integrantes de la SCJN.
“La Declaración Conjunta se convirtió –en términos prácticos– en el 'muro fronterizo' que el presidente Donald Trump prometió”, señaló la organización en un comunicado. “El acuerdo migratorio no puede ser tratado como un simple ‘acuerdo político’ o política exterior, dado los efectos que ha tenido su aplicación en el país, entre otros la contención en México de miles de migrantes solicitantes de asilo, en condiciones inhumanas, y el despliegue de más de 28 mil elementos militares”.
La Declaración Conjunta, señalaron, viola el derecho de una persona a solicitar asilo en el país de elección y el principio de la no devolución. Incluso, la Fundación aseguró que este acuerdo dio pie 3a tragedias como el incendio en una estancia migratoria de Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos.
¿Qué pasa con el proyecto de Yasmín Esquivel?
El proyecto de sentencia de la ministra, recalcaron, pretende tratar la Declaración Conjunta como un “acuerdo político, por tanto, no es obligatorio que tenga forma de tratado internacional”.
En este sentido, la Fundación denuncia que fue con esta declaración que se aplicaron, de forma extraterritorial, leyes migratorias de Estados Unidos en México.
“(Esto) se tradujo en la aplicación del programa estadounidense ‘Quédate en México’ y la militarización de la frontera mexicana, así como que nuestro país sea, en los hechos, un ‘tercer país seguro’, en condiciones absolutamente inseguras para las persona migrantes”, explicaron.
Programas como ‘Quédate en México’, recalcaron, habrían servido para “justificar” deportaciones masivas y fast track de personas migrantes devueltas de los Estados Unidos.
Por su parte, dentro del proyecto, Yasmín Esquivel pretende negar el amparo al argumentar que la Declaración Conjunta es un acto de política exterior y no un tratado internacional. Además de señalar que la Fundación para la Justicia “no probó que México sea un país inseguro”, ni “agravios de la Guardia Nacional”, además de que niega un vínculo entre la acusada declaración y las condiciones infrahumanas de los migrantes en el país.