La cada vez más cercana aprobación del recorte de fideicomisos podría “afectar la independencia del Poder Judicial y la división de poderes”, advirtió el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) entre los riesgos que existen por esta reforma.
De acuerdo con el organismo, eliminar 13 de 14 fideicomisos públicos -con 15 mil millones de pesos-, como lo aprobó la Cámara de Diputados, “transgrede la facultad de autodeterminación del Poder Judicial para decidir su funcionamiento interno, manejo de recursos humanos y financieros”, además de que afecta laboralmente a los trabajadores de las instancias de ese organismo estatal.
La iniciativa impulsada por el morenista Ignacio Mier señaló que los fideicomisos fungían como “una forma de ahorro especial financiado con recursos públicos” que no se encontraba apegada a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto pese a que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que se tratan de derechos adquiridos estipulados tanto en la Constitución como en otras normativas mexicanas.
Riesgos y cabos sueltos del recorte al Poder Judicial
El IMCO señaló que no sólo la iniciativa, sino la dictaminación que tuvo de los diputados fue “cuestionable”. Esto por haberse realizado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que “es competente para examinar cuestiones presupuestarias, pero no para analizar el funcionamiento del Poder Judicial”. Esa tarea, en cambio, debió discutirse en la Comisión de Justicia y la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Un segundo punto, planteó, es el supuesto subejercicio de los fideicomisos, otro de los señalamientos de la iniciativa, que no encaja con el tipo de instrumento financiero del fideicomiso, dado que estos cuenta con un propósito particular y cláusulas en contrato, según IMCO.
“(Además) dentro del Poder Judicial hay fondos que no están compuestos por recursos públicos, sino por fuentes diversas como contribuciones de los trabajadores del Poder Judicial o recursos propios (por ejemplo, venta de publicaciones)”, señalaron.
Es decir, esos recursos de los trabajadores no deberían ser transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), además de que el Poder Judicial “ha realizado los reintegros correspondientes a Tesofe”.
El Gobierno Federal y Morena calificaron los fideicomisos como “privilegios” del Poder Judicial que no responden a la austeridad republicana. Sin embargo, en un comunicado, la SCJN señaló que el recorte afectaría derechos laborales del 60 por ciento de los trabajadores judiciales, “limita la operatividad y el acceso a la justicia de la sociedad”.
El IMCO recalcó que la creación de los fideicomisos es para garantizar que haya suficientes recursos para la implementación de reformas penales, civiles y laborales ante una falta de recursos presupuestales.
Finalmente en el área de rendición de cuentas, la iniciativa morenista acusó al Poder Judicial de opacidad en el uso de los recursos. “Sin embargo, las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señalan recomendaciones de mejora, pero no irregularidades en el uso de dinero público”.
El destino de los fideicomisos del Poder Judicial
Por ahora, el dictamen tendrá que pasar a la Cámara de Senadores para ser analizado una vez más. El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió y se comprometió a que el recorte no afectará a los trabajadores, si no a los altos mandos del Poder Judicial.
De hecho, su gobierno señaló que “las prestaciones de Ley de los trabajadores se cubren con presupuesto corriente y que el pago de pensiones está garantizado”.
López Obrador hizo un llamado al Poder Legislativo para que el dinero de los fideicomisos se designara a becas para estudiantes de escasos recursos.
“Ojalá y el Poder Legislativo así lo establezca, para que quede autorizado en el Presupuesto que esos 15 mil millones se va a dedicar a entregar 2 millones de becas a niños pobres de primaria”, dijo desde Palacio Nacional.
En apoyo al recorte, el gobierno ha señalado que los 13 fideicomisos estaban fuera de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que equivalen a 1 millones 600 mil becas anuales para niños de nivel básico, 839 mil pensiones personas con discapacidad y 198 mil apoyos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.