A pesar que desde el pasado mes de diciembre se aprobaron las leyes secundarias en materia electoral, o mejor conocido como el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como los partidos de oposición se han manifestado en contra de esta iniciativa que busca recortar la estructura del órgano electoral y 'compactar' los proceso electorales.
El pasado 23 de enero, integrantes de la oposición presentaron una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B, misma que presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); de manera específica buscan la impugnación de la Ley Federal de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Por qué el Plan B de AMLO pone en peligro de extinción a la credencial del INE?
Una de las consecuencias del llamado Plan B de AMLO es que la credencial de elector, que también sirve como cédula de identidad, estaría en peligro de extinción, debido a que la reforma cancela el fideicomiso con que se da mantenimiento y se renuevan los módulos de atención a donde acuden los ciudadanos para hacer dicho trámite, advierte Ciro Murayama, consejero electoral del INE.
Y eso no es todo: según el consejero del INE, la reforma a las leyes secundarias en materia electoral también "echa a la calle" a todas las personas que realizan el trabajo en los módulos de atención del INE, quienes son encargados de actualizar el padrón electoral y hacer labor de cartografía, es decir, aquel persona que busca georeferenciar de manera adecuada el domicilio de cada uno de las y los ciudadanos.
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Ciro Murayama enfatizó en que ninguna institución del Estado es capaz de ofrecer el servicio de expedición de la credencial de elector de manera confiable y eficiente en todo el territorio nacional. Pero el problema no termina en la identificación oficial, sino que crea una especie de 'efecto dominó' que impactará de manera directa en los procesos electorales venideros.
El consejero electoral explicó que, al verse afectado el padrón electoral y el proceso de cartografía, las instituciones serían incapaces de determinar cuántas casillas se van a instalar y en dónde, lo que afectaría de manera directa a la planeación, organización y ejecución de los proceso electorales.
De acuerdo con Murayama, la reforma a las leyes secundarias no busca ahorrar recursos, sino diezmar la estructura del INE, con la finalidad de que la expedición de credenciales se haga en oficinas gubernamentales, "¿Ahí van a resguardar debidamente los datos sensibles de la ciudadanía? Me temo que no", expresó.
¿En qué más afecta el Plan B de AMLO a las elecciones, según el INE?
Otra de las posibles implicaciones del Plan B de AMLO en los procesos electorales es a la integración de las mesas directivas de casillas, pues se reducirán los tiempos para capacitar y reclutar a los ciudadanos que participarán durante la jornada; además de que también se afectará a la formación de consejos estatales y distritales, "estos nuevos plazos afectan a la celebración de elecciones libres y auténticas".
Asimismo, el INE considera que se comprometen los resultados de las elecciones sin el personal calificado para hacer el conteo, pues la reforma plantea que los cómputos distritales y el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) arranquen el mismo día de los comicios, "lo que no reduce costos ni procesos", afirman.
Para 2023, el INE sólo cuenta con un presupuesto de 13 mil 987 millones 856 mil 773 pesos, de los cuales, 916 millones 871 mil 802 pesos se usarán para la celebración de procesos electorales locales, como los que se llevarán a cabo en el Estado de México y Coahuila durante el domingo 4 de junio.