A pesar de que en las legislaciones de los estados se ha despenalizado el aborto, los gobiernos estatales siguen sin garantizar el acceso a un procedimiento seguro y con respeto a los derechos humanos, advirtieron organizaciones que participan en la movilización del 28S en la Ciudad de México (CDMX).
Las mujeres continúan exigiendo la autonomía de sus cuerpos y el respeto a las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Ello, debido a que las brechas de desigualdad continúan, de acuerdo con la Coordinación del 8M.
“En los estados donde ha sido despenalizado los servicios de salud pública no cuentan con regulaciones claras y mantienen una atención con estigma para las personas que acuden a estos servicios”, acusaron.
Las mujeres que integran la Coordinación advirtieron que la despenalización no implica que el Estado regule y otorgue el servicio para que el aborto sea seguro.
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“Para que el aborto sea un derecho es necesario que no esté penalizado, pero ese es sólo un primer paso. Por ello, seguimos en la exigencia de aborto legal en todo el país”, señalaron.
Asimismo, destacaron que sin la legalización el aborto seguirá siendo un problema de salud pública e injusticia social. Además, indicaron que a pesar de que la interrupción se ha legalizado en algunos estados, estos no cuentan con recursos suficientes para garantizarlo.
“Ha sido la iniciativa privada quien ha sido favorecida, lucrando con este derecho y evidenciando la desigualdad que existe entre las personas que cuentan con recursos y aquellas para las que la salud sigue siendo un privilegio”, sostuvieron. Lo que provoca que las mujeres sin recursos y aquellas que no tienen acceso a información segura e encuentren en una situación de vulnerabilidad.
Por lo anterior demandaron que el Estado asuma su responsabilidad y considere el acceso a un aborto seguro una prioridad de salud pública
También deberán asegurar que haya procedimientos que permitan garantizar el derecho a decidir y servicios de salud sexual y reproductiva, de lo contrario las mujeres y personas gestantes precarizadas serán las que recurran a procedimientos inseguros que ponen en riesgo su salud y sus vidas.