“Yo vengo de mi país huyendo de ‘Los Maras’ y pandillas, he sido perseguida (...) hay personas que toman posesión de cuerpos ajenos”, dice Alexa con una voz ahogada por el llanto. Le cuesta decir con todas sus letras “violación sexual”, pero a eso se está refiriendo esta mujer hondureña: al riesgo de ser víctimas de este gravísimo delito que corren todas las que emigran en busca de mejores condiciones de vida; sin embargo, no cuentan con recursos económicos para hacerlo por rutas seguras.
Desde hace aproximadamente una década, las mujeres migrantes que se desplazan hacia Estados Unidos suelen aplicarse el fármaco anticonceptivo medroxiprogesterona, también conocido como “Inyección AntiMéxico”. Con cierta ligereza se da por descontado que la posibilidad de violación sexual en el recorrido que hacen aumenta en territorio mexicano.
No obstante, el riesgo de violencia sexual solo se mitiga con políticas públicas transfronterizas que brinden una protección efectiva.
“A uno le suceden cosas que uno no quiere que le sucedan. Sería bueno ponérsela para prevenir porque no se sabe si vas a tener un forzamiento; más porque hay personas que toman posesión de cuerpos ajenos”. Alexa repite el eufemismo durante una entrevista obtenida con el apoyo de Las Vanders, una organización feminista que defiende los derechos humanos de las mujeres a partir del acompañamiento integral a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.
Para María Fernanda Vaca, encargada de acompañamiento en procesos migratorios de Las Vanders, las mujeres migrantes centroamericanas salen de sus países por la acción de ‘Las Maras’ y distintas formas de violencia sufridas en sus países de origen. Sin embargo, advierte que, al menos en la frontera sur de México, estas mujeres continúan siendo violentadas.
“Ahí también hay presencia de esta organización que se ha transformado en una red transnacional de pandillas”, indica Vaca. En pocas palabras, las acechan.
Madre de tres hijos y con 31 años de edad, Alexa es una sobreviviente de violencia de género. Fue abusada sexualmente por integrantes de la Mara Salvatrucha 18. “El papá de mis hijos pertenece a la pandilla 18. Él me quería obligar a manejar dinero sucio. Ellos actuaron contra mí, mandaron varias personas a traerme de mi propia casa y pusieron a cuatro de ellas a que abusaran de mí. Sí, yo fui víctima de abuso sexual”, rememora Alexa y el recuerdo la mueve al llanto de nuevo.
Actualmente se encuentra en Tijuana con la intención de cruzar al ‘otro lado’. Considera que en Estados Unidos obtendrá protección para ella y sus hijos, con quienes huyó. Su salida abrupta de Honduras se debió a la persecución que sufrió luego de denunciar a los hombres que la violaron.
“Usted sabe que entre Cielo y Tierra no hay nada oculto. Se percataron de que puse mi denuncia porque di nombres y apodos de las personas, los alias de las cuatro personas que llegaron a mi casa. Luego ellos fueron detenidos por extorsión, asesinato y violación”, narra.
El hostigamiento en su contra no ha cesado: el 27 de agosto de 2022 recibió un audio a través del cual amenazaron con quitarle a su hija. Ella afirma que estas amenazas provienen de cárteles.
¿Qué es la inyección ‘AntiMéxico’?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye como anticonceptivos inyectables con progestágeno al acetato de medroxiprogesterona de depósito (AMPD) y el enantato de noretisterona (EN-NET), los cuales tienen tres formulaciones:
- AMPD-IM = 150 miligramos de AMPD administrados por vía intramuscular.
- AMPD-SC = 104 miligramos de AMPD administrados por vía subcutánea.
- EN-NET = 200 miligramos de EN-NET administrados por vía intramuscular.
Sin embargo, en la actualidad el único anticonceptivo inyectable disponible en Estados Unidos es el AMPD, cuya comercialización se realiza bajo la marca Depo Provera, a través de la farmacéutica Pfizer.
El efecto del shot de AMPD tiene una tasa de fracaso baja: de 0.1 por ciento a un año y de 0.4 por ciento a dos años, de acuerdo con información del libro Tratado de Medicina Interna de Goldman-Cecil.
¿Cómo funciona? La suspensión oleosa se aplica cada tres meses. “Su acción anticonceptiva principal es la inhibición de la ovulación y también obstaculiza el transporte de espermatozoides al espesar el moco del cuello del útero”, se explica en el texto.
Entre los efectos secundarios del fármaco está la disminución de la densidad mineral ósea durante el uso, aunque no es necesario medir este parámetro debido a que, refiere la bibliografía consultada, la pérdida de hueso es temporal y reversible una vez que se suspende la administración del AMPD.
Además, los ciclos ovulatorios pueden tardar hasta un año en volver a producirse. “El efecto secundario principal del AMPD es la alteración completa del ciclo menstrual. (...) habitualmente aparecen hemorragias uterinas ligeras con intervalos irregulares e impredecibles”, añade.
En Venezuela la inyección se ofrece a través del portal de ventas online Mercado Libre y, en el momento de consulta, costaba 23 dólares. Mientras que en México el precio en farmacias es de 459 pesos, es decir, 22.7 dólares según el tipo de cambio. En Honduras, se puede obtener a 287 lempiras, esto es casi 12 dólares. Por otro lado, en Guatemala el anticonceptivo inyectable solo apareció para su uso en mascotas, con un costo de 90 quetzales, equivalente a 11.66 dólares.
Y no solo es en México
María Fernanda Vaca considera que hay una omisión total por parte del Estado mexicano en materia de prevención y erradicación de las violencias basadas en género en contextos de movilidad humana.
En ese sentido, Piedras Negras, en Coahuila, es “la puntita del iceberg de toda la violencia institucional” que sufren las mujeres migrantes desde sus países de origen, durante su tránsito y a su llegada a los países de destino. “En Coahuila la gente tiene pavor total”, agrega Vaca.
La experta considera que Tapachula, Chiapas, es un trecho crucial del tránsito por México. “Muchas mujeres dicen ‘es que entrando a México fui violentada’, pero resulta que estos actos también ocurren cuando están en Guatemala”, advierte.
En el transcurso de 2022, Las Vanders han guiado 58 acompañamientos a mujeres migrantes. Con testimonios de violencia sexual suman dos en Tenosique, Tabasco; dos en Tapachula, Chiapas; uno en Ciudad de México y uno en Reynosa, Tamaulipas.
El informe Morir en el camino: fallecimientos de personas migrantes en México, del Centro de Estudios Migratorios de la Gobernación de México (CCEM), indica que en cinco años (de 2014 a 2019) las muertes de mujeres migrantes se concentraron en Chiapas (15), Tamaulipas (12) y Coahuila (nueve). En total, fueron registrados 55 decesos. Las tres principales causas de muerte de mujeres migrantes fueron los accidentes (28); los ahogamientos (11) y la violencia (nueve). La categoría violencia incluye delitos de alto impacto, como homicidios y violación sexual, pero en el referido informe no se desagregan.
A pesar de que en los registros de las llegadas a Estados Unidos la presencia de hombres y mujeres es muy similar, la proporción de fallecimientos de mujeres (8 por ciento) es significativamente menor a la de los hombres (82 por ciento). A partir de estos datos estadísticos, el CCEM presume que las mujeres, probablemente acompañadas de niñas, niños o adolescentes, están tomando otras rutas migratorias menos riesgosas, aunque no quedan totalmente exentas de la presencia y actuación de redes de tráfico y trata de personas.
Discriminación y más llanto
Pamela Castillo, coordinadora de Acompañamiento en México de Las Vanders, indica que las mujeres migrantes que llegan a México afrontan obstáculos en materia de derechos sexuales y reproductivos, incluso en la capital, donde se supone hay mayores oportunidades.
Entre los principales desafíos destacan dos: 1) acceso a servicios e información sobre salud sexual y reproductiva y 2) capacitación de servidores y autoridades para un tratamiento digno a las mujeres víctimas de violación sexual.
“Existen requisitos que estas mujeres migrantes no pueden cumplir como el comprobante de domicilio, la Clave Única de Registro de Población (CURP) y, que, en definitiva, restringen el acceso de las mujeres a la salud”, expone.
En ese sentido, el informe Necesidades y atención en salud sexual y reproductiva de mujeres migrantes en México. Un estudio desde Ciudad Juárez, Chihuahua, del Population Council y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), indica que antes de iniciar su viaje, 38.1 por ciento de las mujeres encuestadas usó algún método anticonceptivo y las inyecciones -como la AntiMéxico- fueron las más usadas (55.6 por ciento).
El dato contrasta con el de las mujeres que se aplicaron la inyección durante el trayecto por México (4.7 por ciento). Esto sugiere que las mujeres migrantes toman medidas cautelares, cuando les es posible, antes de salir de su país de origen y llegar a México.
Además, según los registros del Colef, también se indica que la abstinencia sería considerada clave (y posible) para evitar un embarazo no deseado. “Pudiera ser que algunas de ellas consideren que una violación se da en un contexto en que la mujer provoca a quien la violenta, y por ello, se imaginan fuera de riesgo”, se precisa en el documento.
Estos datos dejan entrever que en todo caso, la inyección AntiMéxico podría prevenir un embarazo, mas no una eventual violación sexual.
Por ello, Castillo enfatiza que es de suma importancia establecer diálogos con el Gobierno a través de diferentes vías para facilitar el acceso a, por ejemplo, documentos de identidad requeridos para su trámite migratorio y a servicios de salud sexual.
En ese tenor, Alexa refiere que en ocasiones lo único que le queda es llorar. “Para mí fue duro salir de mi país, llegar a donde estoy. A veces lloro amargamente cuando sufro discriminaciones”, relata.
Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.