Un juez admitió la ampliación de la demanda de Amparo de Greenpeace México para el tramo 5 sur del Tren Maya, informó la organización ambiental.
La querella sostiene que la autorización en materia de impacto ambiental -recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional (MIA-R)- resulta inconstitucional.
“Este amparo, además de declarar la inconstitucionalidad de las obras del Tramo 5 del Tren Maya, busca que se reformen leyes y que se sienten precedentes para los proyectos del futuro” dijo Luis Miguel Cano, asesor legal de la organización no gubernamental.
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Greenpeace México argumentó que la MIA menoscaba "los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales".
A través de un comunicado, Greenpeace México señaló que dicha ampliación solicita al Juez que –al menos– se dicten las siguientes medidas de reparación:
- Declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas reclamadas: la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento.
- Que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ajuste el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA).
- Ordenar medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental.
"Es importante destacar que nuestro interés es proteger el medio ambiente y la salud de las personas", dijo Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace, en torno a las obras en el tramo 5 del Tren Maya.