La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sus esfuerzos por buscar la verdad y la justicia en torno al caso Ayotzinapa.
Por medio de un artículo, la ONU-DH destacó que el informe recientemente presentado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, “es una muestra de la voluntad al más alto nivel” de allegarse a todos los elementos que contribuyan al esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La información hecha pública por el Presidente de la Comisión es un paso importante para apuntalar el actuar diligente, coordinado y responsable de todas las autoridades del Estado mexicano hacia el objetivo compartido de llegar a la verdad de lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, expresó Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la ONU-DH.
Una vez que el informe presentado por Encinas fue revisado y analizado por la organización internacional, ésta llegó a tres conclusiones:
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La primera es que el gobierno mexicano tiene la obligación de rectificar en un informe público la información respecto a las circunstancias en que ocurrió el ataque contra los estudiantes, en la cual, están involucrados agentes estatales y no estatales, además de que se exhiben las omisiones y la falta de reacción de las autoridades, así como una serie de irregularidades.
En la segunda conclusión, la ONU-DH señala que es fundamental que en las nuevas judicializaciones, la Fiscalía asegure “una actuación institucional sólida y diligente que garantice el acceso a la justicia de las víctimas, observe el debido proceso y la independencia judicial e incorpore los más altos estándares internacionales de derechos humanos, para determinar judicialmente la responsabilidad penal de todos los actores, incluyendo a los superiores, tanto civiles como militares, involucrados por acción u omisión en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas”.
Mientras que en la tercera conclusión la organización resalta que dada la obtención de la nueva información se deben adoptar medidas inmediatas “de no repetición”, tal como es la desvinculación del funcionario que participó activa o pasivamente en el caso, y de aquel que haya obstruido la investigación.
Hasta el momento el detenido de mayor perfil por su presunta relación con el caso es Jesús Murillo Karam, quien estaba al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) durante lo ocurrido, y quien fue aprehendido el pasado 19 de agosto.
Según lo expuesto por Fernández-Maldonado, dichas acciones deben ser tomadas por las autoridades mexicanas, ya que el caso se encuentra en un “momento crucial para llegar a la verdad y a la justicia en el caso Ayotzinapa”.
“La llamada verdad histórica resulta hoy aún más insostenible. Se debe seguir avanzando hacia el derecho a la verdad, que comprende conocer las circunstancias que permitieron el ataque contra los estudiantes, la secuencia de los hechos, el rol del Estado y los grupos delincuenciales en la confabulación criminal y el destino final de los estudiantes con base en pruebas fehacientes”, finalizó.
Lo anterior debido a que el pasado 18 de agosto, Alejandro Encinas encargado de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, presentó un informe que concluye que la desaparición de los normalistas, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, fue un “crimen de Estado”, y que no han encontrado indicios que respalden la posibilidad de que los jóvenes estén vivos.
La ONU-DH recordó al gobierno de México su disponibilidad y compromiso para seguir brindando asesoría y cooperación técnica para la incorporación de estándares internacionales de derechos humanos durante la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.