El exprodurador General de la República, Jesús Murillo Karam, organizó un 'conclave' en el que habrían participado al menos 18 exfuncionarios federales y estatales para fraguar la llamada 'verdad histórica' sobre el caso Ayotzinapa, entre ellos, el actual jefe de la policía capitalina, Omar García Harfuch, aseguró la Fiscalía General de la República.
Durante la audiencia inicial del exfuncionario, detenido el viernes, Lidia Bustamante, funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) encargada del caso, señaló que Murillo Karam habría organizado una reunión para fraguar la 'verdad histórica' que impulsaba la versión de que los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
De acuerdo con la fiscal Bustamante, la reunión se habría realizada en Iguala y en ella habrían participado 18 exfuncionarios, entre ellos, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y el actual secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, entonces delegado de la extinta Policía Federal en Guerrero.
A la reunión, agregó la funcionaria, realizada el 7 de octubre de 2014, también acudió Tomás Zerón, titular de la Agencia Federal de Investigación y hoy prófugo del Gobierno mexicano en Israel; así como de Gualberto Ramírez Gutiérrez, entonces Fiscal especializado en delitos de secuestro.
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De esta forma, la llamada 'verdad histórica' habría comenzado a construirse apenas una semana y media después de la desaparición de los estudiantes, según la fiscal Lidia Bustamante.
Con esta versión, la FGR estaría acusando a Jesús Murillo Karam de “utilizar la fuerza del Estado” para fabricar la conocida 'verdad histórica' del Caso Ayotzinapa, que desde su difusión ha sido ampliamente cuestionada por los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y que causó la indignación de la sociedad mexicana.
El último informe de la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa y la acusación de la FGR pondrían fin a esta versión de los hechos y daría paso a la emisión de 83 órdenes de captura, 20 de ellas de militares y el resto de policías, funcionarios estatales o delincuentes, por distintos delitos vinculados con el caso.