El pasado 20 de julio, la diputada Mónica Silva presentó una iniciativa de reforma para modificar los Códigos Civil y Penal de Puebla a la que llamó Ley Monzón, en honor a Cecilia Monzón que fue víctima de feminicidio el 21 de mayo pasado y tenía un hijo de 3 años.
La Ley Monzón pretende retirar la patria potestad, guardia y custodia a los padres de niños, niñas y adolescentes que sean acusados de feminicidio desde que los vinculan a proceso.
Actualmente, en la entidad los sujetos señalados como feminicidas que son padres no pierden la patria potestad cuando son aprehendidos y vinculados a proceso, sino hasta que hay una sentencia condenatoria por parte de un juez. Por lo que durante el proceso pueden solicitar convivir con el menor y que quede bajo el cuidado de su familia.
“La intención es que, con la Ley Monzón, al momento de tener únicamente la vinculación a proceso del presunto feminicida se suspenda el ejercicio de la patria potestad para que el menor, las menores o los menores puedan estar al cuidado y custodia de quien les pueda garantizar un desarrollo pleno e integral”, indicó la legisladora en entrevista con Grupo Fórmula.
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Mónica Silva agregó que un hombre que fue capaz de cometer el feminicidio de la madre de sus hijos no puede garantizar que el menor tenga un desarrollo integral.
Tras la muerte de Cecilia Monzón, su hermana Helena Monzón asumió los litigios para exigir justicia por el feminicidio y para obtener la patria potestad, guardia y custodia de su sobrino de 3 años.
Si la Ley Monzón existiera, la familia de Cecilia ya tendría la custodia de su hijo
Antes de la detención del expriista Javier López Zavala, autor intelectual del feminicidio de la activista y padre de su hijo, intentó negociar con la familia Monzón la entrega de la custodia del niño.
A través de sus abogados les dijo que renunciaría a sus derechos como padre si Helena “limpiaba” su nombre y aseguraba que el excandidato a la gubernatura de Puebla tenía una buena relación con su hermana.
Helena Monzón dijo a Grupo Fórmula que iniciaron un procedimiento civil familiar cuando vieron que no existía la posibilidad de obtener un acuerdo respecto a la custodia con el padre biológico de su sobrino.
Un juez otorgó la custodia provisional a la familia Monzón, ya que consideró que era lo mejor para velar por el interés superior de la niñez.
El interés superior de la niñez es un principio jurídico que establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser considerados en las acciones o decisiones que les afecten. Aunado a ello, indica que todas las instancias públicas y privadas están obligadas a considerarlo siempre que adopten medidas que puedan impactar a este sector de la población.
“Actualmente ese litigio continúa porque nosotros no pedimos una custodia provisional, pedimos una custodia definitiva”, subrayó Helena Monzón en entrevista.
La también abogada detalló que actualmente están en proceso 4 procedimientos civiles y penales en contra de Javier López Zavala: uno por el feminicidio de Cecilia Monzón, un segundo por abandono familiar, el tercero por la custodia de su sobrino y el cuarto es la demanda de pensión alimenticia que realizó su hermana previo a su asesinato.
Además, Helena opinó que si existiera la Ley Monzón, la patria potestad de Javier López ya estaría suspendida y sólo estarían discutiendo los intereses del niño a futuro, así como su desarrollo. Asimismo, señaló que el proceso para obtener la custodia definitiva del menor no se hubiera alargado.
“No estaríamos intentando sortear otro asunto que es que el padre biológico que está detenido exija o reivindique ciertos aspectos como derechos de visita, derechos de alimentos, porque es como arrastrar un motivo por la patria potestad”, comentó.
Con Ley Monzón, investigaciones contemplarán a hijos e hijas de las víctimas
La directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), Tania Ramírez, consideró que las carpetas de investigación que se abren por feminicidio deberían de contemplar las violencias directas e indirectas que puedan afectar a las infancias, con el objetivo de determinar responsabilidades e imponer sanciones penales.
Sin embargo, la mayoría de las veces no sucede eso, ni siquiera se considera el interés superior de la niñez o si hay víctimas indirectas.
“No siempre se toma en cuenta si la mujer en cuestión tenía hijos, hijas, o dependientes económicos y entonces difícilmente en esas carpetas se da cuenta de cuál es la condición familiar”, sostuvo en entrevista con Grupo Fórmula.
La especialista en derechos humanos advirtió que si eso se contemplara, habría mayor claridad al momento de tomar decisiones sobre el futuro de niños, niñas y adolescentes. Así que la Ley Monzón abre esa posibilidad.
Adicionalmente, afirmó que no sólo los jueces son los que tienen que determinar el futuro de los infantes, sino que es necesario que intervengan las procuradurías de protección a la niñez.
“A veces se tiende a generar soluciones estándar o promedio que se van aplicando, como esta que decías que pase a la familia de la mamá o del papá y esto es incorrecto. Cuando hablamos del procedimiento de determinación del interés superior, cada niño y cada niña vive circunstancias distintas, en contextos distintos y en configuraciones familiares diversas”, añadió.
¿Qué importancia tiene la aprobación de la Ley Monzón?
Tania Ramírez aseguró que la aprobación de la Ley Monzón sería benéfica para tener claridad de la coordinación interinstitucional que tiene que existir en un caso de desprotección y de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, como sucede con un feminicidio.
Los menores son víctimas indirectas de esos casos, destacó. Por otra parte, sostuvo que la Ley Monzón también será importante para abonar a la reflexión de cómo el feminicidio puede afectar a la niñez. Ello, debido a que no siempre existe un análisis profundo y pormenorizado de cuáles podrían ser las afectaciones a la niñez
“Es muy positivo que a partir de esta iniciativa y de otras que se han planteado pueda haber una visibilización de niños y niñas como víctimas indirectas y como personas titulares de derechos detrás de esto”, mencionó en entrevista.
La directora de Redim consideró que la Ley Monzón podría contribuir a avanzar en el diseño de programas de restitución de derechos para niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas indirectas de feminicidio.
Si se determina de forma positiva el interés superior de la niñez y se realiza un plan de restitución se salvaguardan todos los derechos del menor, de acuerdo con Ramírez, como el derecho a vivir en familia, a una vida libre de violencia, a la identidad, al libre desarrollo de la personalidad y a emprender un proyecto de vida digno.
Al respecto, la directora de Redim resaltó la importancia de que las autoridades judiciales analicen todos los vínculos familiares de niños, niñas y adolescentes para intentar que, en la medida de lo posible, se mantengan. De esa forma se podrá evitar que la alternativa de terminar en un albergue o casa hogar sea la última opción.
La Ley Monzón se discutirá y analizará hasta que se reanude el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Puebla, en septiembre próximo. En tanto, Mónica Silva manifestó que sería “algo extraordinario” si posteriormente se presentara a nivel federal. Lo cual es un pendiente de la Secretaría de Gobernación desde 2020, cuando la exsecretaria Olga Sánchez Cordero se comprometió a modificar los códigos civiles estatales para que los hijos de víctimas de feminicidio se queden con los familiares maternos.