Una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un amparo a los familiares de dos víctimas de desaparición forzada, acto en que se vieron involucrados agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como agentes estatales y municipales de Oaxaca.
De acuerdo con la sentencia emitida por la Suprema Corte, los agentes ministeriales se abstuvieron de realizar las diligencias necesarias para investigar la desaparición de dos personas en Oaxaca durante mayo de 2007. El paradero de ambas personas se desconoce desde el momento en que fueron detenidos por agentes de seguridad.
"La desaparición forzada es una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que somete a los familiares de la persona a actos equiparables a tortura y tratos crueles e inhumanos", determinó la Primera Sala, quien agregó que existen "obstáculos institucionales" para que los familiares encuentren a la persona cuyo paradero se desconoce.
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La Suprema Corte reiteró que los familiares de las personas desaparecidas tienen derecho al acceso a la justicia, conocer las circunstancias, a los responsables y, sobre todo, "agotar todas las posibilidades para encontrarlos, tener acceso a información que permita ese propósito y medidas de reparación".
Respecto al papel de la persona juzgadora, la SCJN determinó que debe atender un estándar de prueba atenuado "que le permita analizar los indicios y pruebas indirectas y testimoniales, en relación con el contexto en que ocurrieron los hechos", esto debido a que el delito de desaparición forzada carece de pruebas directas.
Asimismo, las autoridades de amparo "pueden fijar medidas tendientes a la reparación integral, dada la naturaleza de estos actos". Sobre el caso de Oaxca, la Comisión Nacional de Búsqueda e instancias internacionales serán los órganos encargados de diseñar un plan para efectuar las diligencias.
El proyecto para conceder el amparo 51/2020 fue presentado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, el cual obtuvo la mayoría de votos en la Primera Sala de la Suprema Corte. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunció que cumplirán con lo solicitado por el máximo tribunal del país.