La construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya ha pasado por tantos cambios y se ha enfrentado a suficientes desafíos legales que la 4T está tratando de modificar las leyes para ejecutar la obra en tiempo y forma y, diría el clásico, ‘haiga sido como haiga sido’.
Ello porque el compromiso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es que su entrega ya en funcionamiento se consume a más tardar en el primer semestre de 2024. Sin embargo, tan solo el Tramo 5 suma casi un año de retraso tras los cambios de ruta para hacer que circulara por la selva, a lo que se suman cerca de tres meses de suspensión de las obras por orden de un juez.
En el camino, ocurrió el famoso “decretazo”, un acuerdo administrativo por el que se declaró que la obra de uno de los proyectos insignia de infraestructura del gobierno en noviembre de 2021 podía ser considerada de seguridad nacional.
Pero no es el único caso. En la última semana se han anunciado otros intentos que se anticipan como acciones para ajustar la regulación y así evitar que haya más frenos para el Tren Maya.
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Primer acto: El contexto del “decretazo” de 2021 y la seguridad nacional en el Tren Maya
El 22 de noviembre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo conocido como “decretazo”, con el cual se declaró como de seguridad nacional las obras de infraestructura a cargo del Gobierno de México, entre ellas las turísticas y las vías férreas.
De ese modo, se obstruyó no solo el acceso a la información pública de dichos proyectos, sino que también se consideró que estas obras serían prioritarias y que recibirían autorizaciones provisionales para garantizar su “ejecución oportuna”.
El pasado 14 de julio activistas denunciaron que a pesar de la orden de un juez de suspender las obras en el Tramo 5 Sur, el gobierno había reanudado la construcción de ese segmento. Desde entonces, ambientalistas han urgido a cesar los trabajos por representar un “daño inconmensurable a la selva”.
Apenas la semana pasada, Javier May, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), dependencia a cargo del Tren Maya, informó que la reanudación de las obras en el Tramo 5 Sur a pesar de que hay una suspensión definitiva en su contra se dio porque se trata justamente de una obra de seguridad nacional.
Ello a partir de una decisión del Consejo de Seguridad Nacional, que sin precisar la fecha ni la motivación, aprobó tras una reunión la continuación de la obra.
Desde ese momento, además, la supervisión y el ejercicio de los recursos pasó de Fonatur a las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana.
Para José Perdomo, académico de la Universidad La Salle especialistas en Derecho, este concepto de seguridad nacional y su uso en los proyectos del gobierno abre la puerta a la discrecionalidad.
"Va a ser la capacidad que tenga la Administración Pública de poder argumentar qué se entiende por seguridad nacional y qué proyectos son de seguridad. Si eso prospera, todos los actos o todos los programas van a tener ese concepto de seguridad nacional", advirtió.
El lunes, el presidente López Obrador explicó que la obra se declaró de seguridad nacional por la eventual pérdida de dinero ante prácticas dilatorias de los opositores con amparos contra la construcción, y además por la supuesta intervención del Gobierno de Estados Unidos al “financiar a grupos reaccionarios y pseudoambientalistas”.
Segundo acto y otro espaldarazo al Tren Maya: Propuesta de reforma a la Ley de Amparo
Apenas la semana pasada, el diputado Juan Ramiro Robledo de Morena propuso, a propósito de los obstáculos que enfrenta el Tren Maya, cuyo Tramo 5 cuenta con al menos cuatro amparos en trámite y al menos dos suspensiones, modificar la Ley de Amparo y la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, con el fin de que las suspensiones dictadas por jueces en el marco de un trámite de un amparo no interrumpan la ejecución de las obras.
La modificación buscará que la suspensión se acote en tres materias: áreas estratégicas de la economía nacional, bienes del dominio directo de la nación (como minería) y planeación nacional de desarrollo. En ese sentido, se plantea que la autoridad judicial deberá resolver sobre el fondo de la demanda para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado pero no podrá suspender las obras.
“El día de ayer (martes 19 de julio) presenté una iniciativa de reforma a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria que las fracciones I y II del artículo 105 constitucional para agregar dos párrafos que tienen por objeto acotar la suspensión de amparo”, comentó el diputado Robledo en la sesión del pasado miércoles 20 de julio.
Su justificación fue el supuesto uso político que se ha dado a los juicios de amparo, como es la interpretación desde el gobierno de AMLO para con los opositores al Tren Maya. El legislador explicó que por ahora se turnará la iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para empezar su trámite.
Para Perdomo, esta medida resultaría una afrenta al derecho de amparo pues debilitaría la última herramienta que le queda a la ciudadanía pare defenderse de un acto de autoridad que lo perjudique.
“Yo como gobernado, que soy inferior al poder que tiene el Estado, darme la suspensión provisional no significa que gané el amparo, sino que logra que mientras se quede todo detenido. No se ha otorgado el amparo, nadie ha ganado, nadie ha perdido, pero para proteger al gobernado en esa situación de inferioridad ante los actos de autoridad, se suspende la ejecución del acto reclamado”, explicó en entrevista para Grupo Fórmula.
Por ello, consideró que de entrada su aprobación resultaría perniciosa más allá de las obras de infraestructura sino para cualquier otro proceso que se busque resolver por la vía del amparo.
Mientras que por otro, consideró que es difícil que se apruebe una medida de esta naturaleza, sobre todo por lo riesgoso que puede resultar y por tratarse de una medida que iría en contra de la Constitución que seguramente sería rechazada por la Suprema Corte.
Tercer acto: El Tren Maya y una 'Ley de Confianza' para agilizar trámites
También la semana pasada, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, dependencia que quedó a cargo de las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya por considerarlo una obra de seguridad nacional, informó en Yucatán que se alista una iniciativa de “Ley de Confianza” para agilizar las obras y reducir los trámites para su ejecución.
Dicha medida buscará permitir, según se reportó después de una reunión que sostuvo el jueves con empresarios de la entidad, que las obras de “importancia” se puedan poner en marcha sin necesidad de contar con todos los permisos para ello previamente.
“Para que sean rápidos, incentiven la inversión y eviten tanta tramitología”, cita al secretario de Gobernación el Diario de Yucatán en su reporte del jueves pasado.
Por ahora no hay detalles de en qué consiste esta iniciativa, pero por lo mencionado hasta ahora, apuntaría a ser una medida que daría sustento al "decretazo", lo que facilitaría que los tramos 6 y 7 del Tren Maya no pasen por lo que ha pasado el Tramo 5.
Ello porque las obras del Tramo 5 Sur del Tren Maya se iniciaron, con base en el "decretazo", con un permiso provisional sin cumplir con la presentación de estudios y autorización ambientales previos, como señala la Ley General de Equilibrio Ecológico. Justo por ello se promovieron los amparos que ahora tienen detenida esa parte de la obra.
La idea, según se reportó después de la reunión con López Hernández, es que esta iniciativa se presente como preferente por parte de AMLO al inicio del siguiente periodo ordinario de sesiones del Congreso a partir de septiembre.
En el mismo sentido que el caso anterior, Perdomo la calificó como una medida sin fundamento pues el concepto de confianza como justificación de un acto jurídico desde la Administración Pública carece de motivación y fundamentación.
“Cómo vamos a pensar que exista una fundamentación en la buena fe, por un lado; y por otro, la Administración Pública no es con la finalidad de que si están actuando de mala fe o de buena fe, la administración pública nos importa que actúe y haga su labor como corresponda, independientemente de mala o buena fe, que presumimos que la Administración Pública es bajo un concepto de legalidad, no de buena fe”, advirtió.
Con estas medidas, el gobierno de la 4T busca agilizar la construcción del Tren Maya, una de las tres obras emblemáticas del gobierno de AMLO, cuyo estreno está programado para el primer semestre de 2024, unos meses antes del final de este sexenio.