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CORRUPCIÓN

Megafraude en Nayarit: Así operó el desfalco que le 'gana' a la Estafa Maestra

El fraude cometido en Nayarit supera los 21 mil millones de pesos mediante dos tipos de operaciones relacionadas con inmuebles en la zona de Bahía de Banderas, la joya turística de la entidad.

El gobierno de Nayarit denunció un fraude por más de 21 mil mdp en operaciones inmobiliarias en Bahía de Banderas y Compostela. Créditos: Gobierno de Bahía de Banderas
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Bahía de Banderas cobró notoriedad en el país a principios de 2013, cuando el entonces presidente Enrique Peña Nieto regresó de sus vacaciones para atender a los familiares de las víctimas de la explosión en la Torre de Pemex en la Ciudad de México. En aquella ocasión, que el presidente de México lo usara para pasar sus vacaciones derivó en algunas preguntas sobre el tipo de oferta y el perfil de los clientes de esa zona turística, al oeste de Nayarit, casi pegada a Jalisco.

Apenas este lunes, uno de los 20 municipios de Nayarit volvió a ser tema de discusión nacional tras la revelación del gobierno del estado de que el Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba) se utilizó para realizar operaciones inmobiliarias irregulares que supondrían un fraude por más de 21 mil millones de pesos, casi tres veces lo que se reportó con la Estafa Maestra.

Aunque las autoridades nayaritas evitaron entrar en detalles, el asesor jurídico del gobierno del morenista Miguel Ángel Navarro, Gabriel Camarena, explicó que este monto se divide en dos partes. Por un lado, la adquisición irregular de al menos 70 terrenos en esa localidad, por un monto estimado de 5 mil 110 millones 640 mil pesos.

Dicho monto se calculó al considerar que la superficie comerciada fue de 255 mil 532 metros cuadrados (m2), y al considerar un precio promedio de 20 mil pesos por m2.

De estos 70 predios, el gobierno recuperó hasta el lunes 36 de ellos, mientras que aún estaban pendientes 34 de una superficie de 184 mil 483.42 m2, lo que equivaldría a unos 3 mil 689 mdp, detalló Camarena.

Agregó que en las operaciones se presume la participación de directores generales y delegados fiduciarios especiales; fedatarios públicos;  integrantes del comité técnico del Fibba y el uso de empresas fantasmas y/o prestanombres.

En su conferencia de prensa del lunes, el gobernador de Nayarit detalló que estas operaciones se dieron de tal forma que, por ejemplo, algunos notarios avalaron la compraventa de terrenos que no estaban inscritos en el Registro Público de la Propiedad ni en el catastro.

La otra parte del fraude en Compostela

Sin entrar en detalles, Camarena explicó que se dio otra operación irregular por un monto casi tres veces mayor. En la conferencia del lunes, el asesor del gobierno de Nayarit la denominó "Zona Expropiada Compostela", municipio al norte de Bahía de Banderas.

"En esta operación, se hizo una primera venta en el año de 1992, hubo una rescisión (de contrato) en el 2009 y después, se la volvieron a vender a la misma empresa. Y además de que se la vendieron nuevamente a la empresa que le habían rescindido, dijeron que ya le habían pagado el precio", expuso Camarena.

Es decir, le tomaron los primeros pagos de la primera venta para abonarlos a la segunda, aunque esa operación se había cancelado. En entrevista con Mario Ávila en Grupo Fórmula, Camarena calificó esta operación como una venta "doble.

De dicha operación, resaltó, por una superficie de 713 mil 921 m2, sólo se entregaron recibos simples, mientras que la factura que se emitió por la operación se expidió hasta 2018.

"Hemos hecho un rastreo y un mapeo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y tenemos plenamente identificado a las empresas fraudulentas y a las empresas físicas que se han beneficiado de ellos", comentó.
Según los cálculos del gobierno de Nayarit, el monto de afectación patrimonial por recuperar por esta segunda transacción es de 14 mil 278 millones 420 mil pesos, con lo que en total suman los 21 mil 657 mdp.

Al comparar esta cifra con la conocida como Estafa Maestra, Camarena consideró que el fraude de Nayarit es mucho mayor. Pues representa casi el triple de los 7 mil 670 millones de pesos que se malversaron entre 2013 y 2014 y que se dieron a conocer en 2017.