Layda Sansores, gobernadora de Campeche, ya es investigada por la Fiscalía General de la República (FGR) e incluso podría ir a prisión tras difundir una serie de audios de aparentes conversaciones privadas de Alejandro “Alito” Moreno, líder del Partido Revolucionario Institiucional (PRI).
Desde hace varias semanas, la mandataria estatal ha difundido en su programa “Martes del Jaguar” grabaciones del dirigente priista que aparentemente le fueron entregadas a ella por una persona desconocida; en la más reciente, revelada la semana pasada, se escucha decir al líder priista que a los periodistas “no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”.
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A raíz de la filtración de dichos audios, FGR ya inició las investigaciones correspondientes para determinar si Layda Sansores efectivamente incurrió en un delito al dar a conocer las conversaciones.
Al respecto, el titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR, Germán Castillo Banuet, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero “Por la Mañana” de Grupo Fórmula, cómo se llevarán a cabo las indagatorias y cuáles serían las posibles consecuencias en caso de que se determine que la gobernadora efectivamente cometió un ilícito.
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En primer lugar, el fiscal explicó que la Fiscalía ya inició con la carpeta de investigación sobre la difusión de los audios del líder priista por el posible delito de intervención ilegal de comunicación privada, mismo que está previsto en el artículo 177 del Código Penal Federal y que conlleva una pena de 6 a 12 años de prisión.
El Código Penal establece sanciones para aquellas personas que divulguen audios que sean productos de una intervención privada, delito que podría imputársele a la Layda Sansores, pues ella misma ha asegurado que fue la primera en darlos a conocer y que es la única que los tiene en su poder.
Pero, para poder determinar que la gobernadora efectivamente cometió un delito, la fiscalía debe determinar primero si los audios difundidos se obtuvieron de una comunicación privada y establecer que no hubo consentimiento de ninguno de los interlocutores para ser grabados.
El fiscal Castillo explicó que, de acuerdo con diversos textos legales, la difusión de audios podría no constituir un delito cuando los materiales sean dados a conocer por alguno de los participantes de la conversación y si las partes fueron informadas acerca de que su conversación fue grabada.
Recalcó que si las investigaciones determinan que la divulgación de dichos audios tuvo la intención de dañar o afectar al involucrado, en este caso el líder del PRI, en efecto se trataría de un delito.
Agregó que hasta el momento ninguno de los involucrados en este caso, ni Alejandro Moreno ni Layda Sansores, han acudido ante la Fiscalía para rendir su declaración; sin embargo, no descarto la posibilidad de que acudan en el futuro para proporcionar su testimonio.
Reveló que hasta el momento el líder priista no ha acudido ante la dependencia para presentar una denuncia formal por el supuesto espionaje del que fue víctima, sin embargo, la dependencia inició con la investigación al respecto debido a que se trata de un delito que se persigue de oficio.
Sobre el curso de las investigaciones, el fiscal explicó que en primer lugar el Ministerio Público deberá realizar un análisis técnico de los audios que fueron difundidos y que se encuentran publicados en sitios de Internet.
El fiscal Castillo explicó que en el hipotético caso de que Layda Sansores sea encontrada culpable del delito de intervención ilegal de comunicación privada, será necesario iniciar el proceso para que le sea retirado el fuero a la gobernadora.
Por su parte, la FGR continuará con las investigaciones para determinar si efectivamente la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, incurrió en un delito al revelar audios de conversaciones, supuestamente obtenidos de manera ilegal, del líder priista Alejandor 'Alito' Moreno.