En abril no se registraron desplazados a causa de la violencia, de acuerdo con el boletín mensual de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
La organización registró 7 episodios de desplazamiento durante los primeros 3 meses de 2022 en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas. Los cuales afectaron a 383 personas aproximadamente.
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A pesar de que no hubo desplazados en abril, los gobiernos estatales y el federal aún tienen varios pendientes para poner fin a la situación de desplazamiento.
Desplazados de Chiapas exigen atención del gobierno
Algunas de los desplazados de la localidad El Potrero, ubicada en el municipio de Nicolás Ruiz, denunciaron que a cuatro años de que abandonaron sus hogares no han obtenido justicia.
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Por lo que protestaron en San Cristóbal de las Casas y demandaron castigo a los culpables y la reparación de los daños. Las autoridades del gobierno y de la Fiscalía General de Justicia de Chiapas no han hecho nada, a pesar de que existe una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En 2018 varias familias tuvieron que abandonar la localidad porque fueron amenazadas por 800 personas que portaban armas de fuego. Incluso dispararon y quemaron los pastizales para obligarles a irse.
Aunado a ello, la Comisión Bicameral de Concordia y Pacificación presentó un punto de acuerdo el 26 de abril en el que exhortó al Poder Ejecutivo Federal a indemnizar a los desplazados de los municipios chiapanecos que fueron afectados durante el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Son alrededor de 4 mil desplazados que tenían propiedades en los municipios de Altamirano, Ocosingo y Las Margaritas.
Adicionalmente, la Comisión se comprometió a conformar una mesa interinstitucional para reconocer a las víctimas de desplazamiento interno que se fueron en 1994.
El mismo día, representantes de 15 familias que fueron desplazadas del municipio Venustiano Carranza protestaron en Tuxtla Gutiérrez y solicitaron el pago de los bienes muebles e inmuebles que fueron saqueados. Ello, después de que fueron expulsados por habitantes de la comunidad Paraíso del Grijalva
Las víctimas también pidieron que se les integre al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno.
El 48% de los desplazados de Michoacán en Tijuana huyeron por miedo a morir
La Secretaría del Migrante de Michoacán identificó, a través de un diagnóstico, que la mayoría de las personas desplazadas abandonaron el estado a causa de la violencia que ha provocado el crimen organizado y no por violencia de género, como lo aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante los últimos días de abril.
La dependencia entrevistó a 624 desplazados en 20 albergues de Tijuana, Baja California, y encontró que las víctimas que huyeron de Michoacán provienen de 40 municipios.
Entre los principales están Apatzingán, Uruapan, Aguililla, Morelia, Múgica, Tarímbaro, Tacámbaro, Jacona, Maravatío y Lázaro Cárdenas.
El 48 por ciento de los desplazados entrevistados abandonaron Michoacán por temor a perder la vida; el 29.8 por ciento lo hizo por inseguridad en su comunidad; el 10.2 por ciento porque les quitaron su patrimonio y el 8 por ciento por la crisis económica.
Además, el 26 por ciento dijo haber sufrido algún tipo de violencia física; el 15 por ciento violencia patrimonial; 14 por ciento violencia económica y 5 por ciento violencia sexual.
De las personas que fueron víctimas de violencia, sólo el 32 por ciento presentó una denuncia en la Fiscalía General de Michoacán; sin embargo, no han tenido avances en sus casos.
El 65 por ciento de los desplazados encuestados aseguró que inició su trámite para solicitar asilo o refugio en Estados Unidos; el 90 por ciento consideró migrar al país norteamericano; 9 por ciento a otro país y sólo 1 por ciento preferiría regresar a su localidad.
La mayoría de las personas encuestadas, el 71 por ciento, son mujeres; de las cuales el 78 por ciento opinaron que los riesgos de violencia incrementan para ellas.
Gobernador creó un Comité especial para atender a los desplazados
Alfredo Ramírez creó e instaló el Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado. El cual está conformado por 15 instituciones del gobierno estatal.
Su principal objetivo es implementar y dar seguimiento al Modelo Integral de Atención al Desplazamiento Forzado; así como promover medidas preventivas y generar políticas públicas que permitan un retorno seguro de las personas desplazadas que así lo deseen.
Gobierno de Guerrero dará viviendas a desplazados de La Laguna
El gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, ofreció terrenos y viviendas con valor de 400 mil pesos a cada una de las 35 familias que continúan desplazadas de la comunidad de La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán.
Los recursos corresponden al Programa de Soluciones Verdaderas. Aunque antes de aceptar los recursos, las víctimas de desplazamiento interno forzado pidieron que el gobierno retire las órdenes de aprehensión contra 16 personas y liberar a 2 de los líderes del Frente Nacional para la Liberación de los Pueblos.
Más de 100 familias abandonaron la comunidad en abril de 2011, luego de que se registró una ola de asesinatos de ecologistas que defendían los bosques de la zona de la tala ilegal.
Desplazados del sur de Sinaloa exigen al gobierno cumplir con entrega de viviendas
La tercera semana de abril decenas de desplazados de Sinaloa exigieron al gobernador Rubén Rocha Moya agilizar la lotificación y asignación de la reserva territorial.
Esto se debe a que el gobierno anterior se comprometió a comprar 6 hectáreas de terreno y continuar con la construcción de viviendas para las víctimas.
Asimismo, le pidieron introducir los servicios de agua, luz y drenaje a los hogares que ya están construidos para que los desplazados puedan habitarlas.
En total son 558 familias de Mazatlán, 289 de Villa Unión y 450 de Concordia las que están en búsqueda de una vivienda para asentarse.
Mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Guasave desalojaron a 8 familias que se establecieron en terrenos de la colonia Colonos Unidos, luego de que fueron desplazadas de la sierra a causa de la violencia.
El Ayuntamiento trasladó a las familias, de manera provisional, a las instalaciones de una preparatoria en lo que encuentran una solución definitiva. También se comprometieron a proporcionarles seguridad, acceso a servicios de salud y otros apoyos complementarios, como alimentación.
Hay 11 comunidades de desplazados de Zacatecas en las que aún hay criminales
Los 3 mil desplazados de 18 comunidades de Jerez aún no cuentan con las condiciones materiales y de seguridad para regresar a sus hogares.
Esto se debe a que el gobierno estatal y federal sólo han instalado 4 bases militares en Ermita de los Correa, Palmas Altas, Villahermosa y Guadalupe Victoria.
El resto aún no tiene seguridad permanente y, de acuerdo con la Comisión Mexicana, aún hay presencia del crimen organizado en 11 comunidades.
Aunado a ello, las autoridades estatales no han cumplido con la aplicación de la fase de saneamiento del Proyecto Integral de Atención a Víctimas del Desplazamiento Forzado.
La cual consistía en reparar y reconstruir las viviendas de los desplazados; arreglar caminos; realizar labores de limpieza; rehabilitar todos los espacios públicos y reinstalar los servicios básicos, como agua y luz.
No obstante, uno de las víctimas indicó a Grupo Fórmula que el gobierno de Zacatecas les informó que sólo podrían ayudarles con la colocación de vidrios nuevos, chapas y a pintar paredes que fueron ‘grafiteadas’ por los cárteles.
Hay comunidades de desplazados que aún no cuentan con el servicio de agua potable. Entre ellas están Cieneguitas, Sarabia, Ordóñez y San Antonio.