El nombre de Mario Delgado, actual dirigente de Morena, fue usado por supuestos funcionarios para cometer actos de extorsión en 2020, lo que dio lugar al Caso Viuda Negra, el cual llegó a ser investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entonces a cargo de Santiago Nieto.
De acuerdo con el libro firmado por Manu Ureste, Zedryk Raziel y Arturo Ángel, todo comenzó en mayo de 2020, cuando Delia Jessica Blancas, secretaria de Finanzas del Estado de Hidalgo, recibió a Miguel Hernández Hernández, quien se identificó como 'brazo derecho' de Víctor Manuel Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo que en realidad haría Hernández sería cobrar un 'moche' por una "gestión" de recursos federales desde la UPCP.
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A esto se le suma la labor hecha por Jorge Márquez Alvarado, exdiputado federal y exalcalde de Tulancingo, quien llegó a contactar al gobierno de Omar Fayad en 2019, para dar hasta en 600 millones de pesos el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin); este aseguró que dicho movimiento contaba con el apoyo de Mario Delgado, entonces diputado
Márquez Alvarado era muy cercano al exdiputado morelense Matías Nazario Morales, este último y Hernández Hernández fueron las personas seleccionadas para presionar a la Secretaría de Finanzas de Hidalgo. A cambio de la supuesta gestión, la dependencia hidalguense debía de dar el 10 por ciento de los recursos, es decir, 60 millones de pesos.
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Al final, los 600 millones de pesos no se otorgaron, pero desde la misma SHCP se dieron 205 millones de pesos al Fondo Regional y al Fondo Metropolitano, pero no eran recursos de libre disposición, lo que dificultó la labor de los 'gestores'. Aún así Nazario Morales y Hernández Hernández solicitaron el 10 por ciento correspondiente a la supuesta gestión a través de mensajes de WhatsApp.
¿Dieron los recursos a los 'emisarios' de Mario Delgado?
Blancas accedió a recibir a los gestores a causa de que cuatro días antes fue asesinado Isaac Gamboa Lozano, quien fue jefe de la UPCP durante el sexenio anterior, junto a toda su familia en Temixco, Morelos. Movida por el miedo, la funcionaria se reunió con Hernández, quien reiteró que querían un 10 por ciento de los 205 millones que se destinarían a Hidalgo. Es decir, alrededor de 20.5 millones de pesos.
El 30 de junio de 2020, Nazario Hernández y Jorge Márquez acudieron a recoger el dinero destinado para la supuesta gestión de recursos federales. Tras la entrega, la funcionaria se cuestionó si esas personas de verdad eran quienes decían ser y si actuaban bajo órdenes de Mario Delgado o algún otro funcionario.
El 29 de mayo de 2020, casi un mes antes de la entrega, Blancas acudió a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para denunciar el hecho; ella misma relató que el cobro de falsas gestiones es algo que se da desde el periodo de Enrique Peña Nieto (EPN), por lo que no le pareció fuera de lo normal.
Mario Delgado, al ser cuestionado sobre los 'gestores', desconoció a las personas y dijo que los diputados que acordaron el Ramo 23, un instrumento que permite transferir recursos a las entidades para obras de infraestructura. Por lo que quedó la duda si tales personas eran funcionarios o privados que cometían actos de extorsión.
¿Cómo surgió el caso Viuda Negra?
La PFF solicitó la ayuda de la UIF para investigar los vínculos de los tres implicados: Hernández Hernández, Márquez Alvarado y Nazario Morales. Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una denuncia por extorsión o cohecho por parte de funcionarios públicos. La misma PFF también investigó a Víctor Manuel Mojica Vilchis (el patrón de Hernández Hernández), a quien no encontraron relación con actos de corrupción.
Fue entonces cuando la PFF, entonces a cargo de Carlos Romero Aranda, decidió investigar a Isaac Gamboa (la persona asesinada en Morelos) y encontró que hubo transferencias millonarias de hasta 64 millones de pesos a las cuentas de su esposa: Bethzabee Brito Álvarez. Esto pese a que Gamboa era sólo un funcionario federal.
Entonces Bethzabee Brito, una licenciada en Derecho, pasó a ser investigada sobre a dónde destinó los recursos y si estos tenían relación con las supuestas gestiones de recursos federales. Es decir, Gamboa sólo habría sido una suerte de prestanombres para desviar recursos durante el peñismo, pero que al final no pudo disfrutar de la riqueza que él y su esposa acumularon.