Cuando era director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Ignacio Ovalle autorizó 950 millones de pesos de recursos públicos para la compra ilegal de certificados bursátiles, reveló Animal Político.
De acuerdo con el medio referido, el 13 de enero de 2022 el gobierno logró recuperar el monto invertido ¿Cómo lo logro?
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comenzó la fiscalización de las finanzas de Segalmex correspondientes al ejercicio de 2020 y en marzo de 2021, Ovalle ordenó 2021 la suspensión de la compra de certificados bursátiles para recuperar los recursos públicos comprometidos.
Sin embargo, no se recuperó todo, pues se “perdieron” los 10 millones 600 mil pesos de rendimientos generados por las operaciones bursátiles, debido a que nunca fueron devueltos a las cuentas bancarias de Segalmex, Diconsa y Liconsa, y hasta ahora se desconoce su destino.
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¿Cómo ocurrió la compara de certificados bursátiles de Segalmex?
El 6 de febrero de 2020, Ignacio Ovalle firmó un oficio, con el cual dio luz verde a la solicitud de René Gavira, extitular de la Unidad de Administración y Finanzas.
Resulta que Gavira solicitó la inversión supuestamente para “autogenerar a futuro recursos financieros propios”, con el fin de que Segalmex garantizara la ayuda a las zonas más marginadas del país con la venta de leche a bajo costo y la distribución de granos y fertilizantes.
“Como Director General del Ente, se autoriza la compra de papel certificado bursátil fiduciario con cupón de seis meses a un plazo máximo de un año, y un rendimiento anual del 11 por ciento. Así como de las inversiones a corto y mediano plazo en las que la empresa obtenga rendimientos que favorezcan las finanzas de la misma”, dice el documento firmado por Gavira y Ovalle.
Sin embargo, la ASF afirma que las operaciones no comenzaron en el segundo mes de 2020, sino desde un año antes: el 25 de febrero de 2019, a tan solo dos meses de que Ovalle y Gavira ocuparon sus cargos en Segalmex.
Operación ilegal de Segalmex
Las operaciones bursátiles del organismo creado por la actual administración fueron ilegales, afirmó la ASF, pues explicó que las instituciones perdieron el control directo sobre las inversiones por la naturaleza de los instrumentos financieros, lo que va en contra de los lineamientos.
Además se perdieron los millones de pesos en rendimientos generados y Ovalle tampoco notificó al Consejo de Administración de Segalmex y Liconsa el estado de las finanzas de las empresas públicas a su cargo.
Estas operaciones ilegales, las presentó la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez federal, pero sólo ha sido vinculado a proceso René Gavira, mientras que Ignacio Ovalle fue destituido de la dirección de Segalmex, pero sigue ocupando un cargo dentro del gobierno: ahora es titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed)._Con información de Animal Político.