Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) descartó la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, el Gobierno de México anunció que comenzará a revisar y revocar los permisos de autoabastecimiento de energía eléctrica que violan la legislación.
En un documento difundido vía la Presidencia, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseveró que hay 110 permisos de autoabastecimiento ilegales que comprenden 77 mil socios-clientes.
"Se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento encuadrados en la grave irregularidad del fraude a la ley. Existen 234 autoabastecimientos, de los cuales 110 son ilegales y tienen 77,000 socios-clientes, ya que se compravenden energía eléctrica y capacidad", precisó en la misiva.
Además, la administración federal dijo que revisará la "rentabilidad financiera" de los contratos de producción independiente, "los cuales en su caso deberán ser renegociados o terminados anticipadamente".
"A estas centrales de producción independiente se les paga el 100% de la energía por parte de CFE, aunque no se entregue", mencionó.
Ley Eléctrica acaba con 'privilegios' de la iniciativa privada, dice el Gobierno de AMLO
El Gobierno afirmó que con la Ley de la Industria Eléctrica se acaba "el negocio heredado" que benefició a compañías extranjeras como Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi, Enel, entre otras.
En el texto, se aseguró que habrá un fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues ahora tendrá un despacho preferente frente a las centrales privadas.
"El acceso a las redes eléctricas solo será posible cuando esto resulte técnicamente factible. A partir de ahora se detiene le otorgamiento de permisos por parte de la CRE sin sustento técnico. Al día de hoy los productores privados mantenían el monopolio del despacho preferente, con esta resolución el CENACE dará prioridad a lo que beneficia a la CFE", se indicó.
La Presidencia de la República subrayó que tras la resolución de los ministros, la Ley de la Industria Eléctrica se mantiene vigente en sus términos y debe ser aplicada por las autoridades.
Además, dijo, los pronunciamientos de la Corte sobre la Ley Eléctrica deben ser "tomados en consideración por los jueces de distrito y los tribunales colegiados que tienen a su cargo los amparos promovidos por las empresas privadas. El presidente de la Corte dictará un acuerdo en ese sentido".