Antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica promovida por el actual gobierno federal, las sociedades de empresas privadas en México tenían la posibilidad de producir energía para consumirla en sus propias actividades productivas o comerciales y de conectarse al sistema eléctrico público para facilitar su transmisión.
Este acuerdo entre las empresas privadas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es conocido como autoabasto y ha sido centro de múltiples debates porque produce grandes descuentos en el costo del servicio de electricidad para miles de empresas privadas nacionales y extranjeras.
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De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) convocó este miércoles a los empresarios titulares de permisos de autoabasto energético a negociar cómo poner fin a sus beneficios en seguimiento a los nuevos lineamientos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
"Hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema, porque yo tengo que aplicar la ley, sino me convierto en cómplice, ya hay un marco legal, entonces, no es que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas", afirmó López Obrador en su conferencia de prensa.
Y es que, de acuerdo con el gobierno federal, la resolución de la SCJN que declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica, volvió ilegal al sistema de autoabasto de energía.
El desacuerdo de quienes acusan que esta figura legal permite el robo de recursos públicos no es directamente con los derechos que adquieren las empresas productoras de energía, sino con los beneficios que obtienen aquellas empresas que se asocian con ellas con el único fin de obtener tarifas bajas.
¿En qué consistía el servicio de autoabasto?
La hoy abrogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica permitía a la CFE otorgar el permiso de autoabasto de energía eléctrica destinada a la satisfacción de necesidades propias a las empresas que consumen más de 0.5 mega watts bajo la condición de que destinaran los excedentes al servicio público y de que no entregaran energía a terceras personas.
En los hechos, sin embargo, estas “terceras personas” que no podían ser beneficiadas por el contrato sí tenían la posibilidad de integrarse a una sociedad titular de un permiso.
A finales de 2021, la Comisión Reguladora de Energía publicó un acuerdo para limitar la figura de autoabasto en el mercado eléctrico nacional.
El autoabasto contemplado en la ley abrogada fue sustituido por la figura de abasto aislado que sí permite la generación o importación de energía eléctrica para cubrir necesidades propias, pero elimina la posibilidad de que dicha electricidad transite por la Red Nacional de Transmisión.
En pocas palabras, las nuevas disposiciones legales eliminan la posibilidad de que la electricidad sea transportada de un punto a otro y entregada a los centros de carga de una sociedad de autoabasto.
De acuerdo con el diputado Miguel Torruco existen únicamente 239 permisos de autoabasto a nivel nacional, pero el número de empresas beneficiarias asciende a más de 77 mil, razón por la cual la CFE ha perdido 490 mil millones de pesos en descuentos en las tarifas de porteo, es decir, los cargos por el uso de la infraestructura de la red para transmitir la electricidad desde el punto de generación hacia el lugar en que se necesita la energía.