Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se lanzó en días recientes contra el Instituto Nacional Electoral (INE) por su gestión de la consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril.
De acuerdo con el titular de la UIF, el INE contaba con todos los recursos necesarios para convocar a la consulta de revocación de mandato a todos los mexicanos, pero no lo hizo porque ha retenido 1 mil 360 millones de pesos de manera ilegal.
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El problema presupuestal, denunció Gómez a través de su cuenta de Twitter, reside en dos fideicomisos mediante los que el INE “desvía” presupuesto y lo almacena para no destinarlo a servicios públicos.
“El INE tiene 1 mil 360 millones de pesos sin usar. Los tiene guardados. La manera de guardarlos es ilegal, porque lo que no gasta lo tiene que regresar a la Tesorería. Entonces ellos hacen guardaditos que se llaman fideicomisos y meten ahí el dinero”, acusó el titular de la UIF durante su participación en el programa Los periodistas de Sin Embargo.
Los fideicomisos en los que el INE apartaría el presupuesto público, según esta versión, son el Fondo para Atender el Pasivo Laboral y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria.
El INE respondió a través de un comunicado público que ambos fideicomisos están amparados en la ley y que su operación en transparente.
“Los fideicomisos no son ilegales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política que determina que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función”, refirió el Instituto en su comunicado.
Sin embargo, el titular de la UIF continuó con sus señalamientos contra el INE al asegurar que la propia respuesta del órgano autónomo demostraba la ilegalidad de la operación de sus fideicomisos.
Gómez aseguró que la Cámara de Diputados nunca recortó el presupuesto al INE, como argumentó el instituto para justificar las limitaciones que tuvo la consulta de revocación de mandato.
Lo que hizo el poder legislativo, refirió Pablo Gómez, fue no autorizar las “desmedidas solicitudes de aumento” que presentó el INE cada año.