La Cámara de Diputados analizará la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Mexicana, en materia de Inembargabilidad de Programas Sociales.
El proyecto tiene el objetivo de impedir a cualquier institución financiera descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando el origen de los mismos.
Te podría interesar
Se prevé que la iniciativa presentada el 5 de agosto de 2020, por la diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, sea discutida mañana martes 29 de marzo en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.
“La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ha detectado que en los contratos que los usuarios firman con las entidades financieras para el uso de productos o servicios financieros, se incluyen cláusulas que derivan en desventajas para el cliente, e incluso dejan en riesgo su patrimonio. A estas cláusulas se les denomina cláusulas abusivas, ya que disponen de los recursos de los clientes a través de retenciones, descuentos o embargos sin juicio previo”, es uno de los motivos señalados dentro de la iniciativa.
¿Qué se propone?
Lo que la morenista propone es adicionar un último párrafo al artículo 4° de la Carta Magna en materia de protección a los apoyos económicos de programas sociales contra la pobreza y desigualdad social, los cuales, entrega el gobierno federal, municipal y estatal.
“Los apoyos económicos, pensiones no contributivas y becas establecidas en los tres párrafos que preceden y demás apoyos que tengan por objeto el combate a la pobreza y la desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargos por parte de particulares, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimientos aplicables”, es el texto propuesto para integrarse en la Constitución Mexicana.
Alavez Ruiz aseguró que su propuesta no pretende evitar el cobro de deudas, sino únicamente de proteger los recursos de los programas sociales que el estado otorga a los sectores más vulnerables de la población.
“No se pretende evitar el cobro de deudas; lo que se busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos que, como sociedad, aportamos a las personas mayores y con discapacidad, estudiantes y otros, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes, para cobrar créditos sin el debido proceso legal, ésa es la propuesta de nuestra iniciativa constitucional”, explicó.
Cabe señalar que de aprobarse el decreto, éste entrará en vigor un día después al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).