La violencia contra periodistas en México continúa siendo uno de los principales pendientes en materia de seguridad del actual gobierno, pues tan sólo en los primeros 2 meses de este 2022, cinco comunicadores han sido asesinados presuntamente por motivos relacionados con su labor: Lourdes Maldonado, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Roberto Toledo y Heber López.
Un estudio publicado recientemente por Reporteros sin Fronteras (RSF) advirtió que durante la década de 2011 a 2020 al menos 74 periodistas que se dedicaban a cubrir temas de corrupción, crimen organizado, violencia o seguridad pública, fueron asesinados.
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En los últimos 2 años se han registrado al menos 12 asesinatos de comunicadores en México, considerado por la organización como el país sin conflicto bélico más peligroso para ejercer el periodismo: 7 durante 2021 y 5 en los primeros 2 meses de 2022.
Reporteros sin Fronteras alertó la violencia contra periodistas ha tenido un incremento constante en la última década, mismo que ha estado acompañado de altos niveles de impunidad.
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A pesar de que México cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humano y Periodistas, este no ha sido eficiente para garantizar su seguridad, advirtió la organización.
Incluso algunos periodistas que ya se encontraban bajo la protección del estado fueron asesinados, como el caso de Lourdes Maldonado y Gustavo Sánchez.
Falta de coordinación federal y estatal
Una de las principales deficiencias dentro del mecanismo de protección a periodistas denunciadas por Reporteros sin Fronteras fue la falta de coordinación entre autoridades federales y locales para implementar estrategias que garanticen la seguridad de comunicadores que soliciten protección.
Organizaciones civiles consultadas como parte de este informe señalaron que dependencias federales involucradas en el mecanismo de protección a periodistas, como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no muestran un compromiso con la política pública de protección a periodistas.
“Lo que vemos hoy es una apatía impresionante por parte de las autoridades que integran la Junta de Gobierno y un aislamiento de la tarea del mecanismo. La lógica de que estas instituciones estén en la Junta es la de fortalecer la acción coordinada. Pero falta proactividad. Muchas instituciones con condiciones no comparten información con el mecanismo para que pueda hacer análisis de riesgo más integrales, con diferentes miradas, que resulten en un análisis de contexto que nos permita adoptar medidas preventivas”, cita el reporte de Reporteros sin Fronteras
El informe presentado por Reporteros sin Fronteras acerca de la violencia contra periodistas puso como ejemplo de esta falta de coordinación entre el gobierno federal y los estados el hecho de que hasta 2020, tan sólo 12 de las 32 entidades de la República Mexicana contaban con una unidad estatal de protección, muchas de ellas sin tener personal o recursos suficientes para desempeñar su labor.
RSF recalcó que durante el segundo semestre de 2021 el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) firmó nuevos convenios con los estados para fortalecer los mecanismos de protección a periodistas.
“El mecanismo está actuando como si fuera una aspirina para tratar un derrame cerebral. La visión que lo rige es la de imponer algunas barreras para que la violencia no alcance a algunos de sus beneficiarios. Pero eso es un paliativo. Y la falta de una visión integral de protección impacta en esa relación con otras entidades”, afirmó el director de una de las entidades del Espacio OSC.
Falta de protección integral a periodistas
Otra deficiencia detectada por Reporteros sin Fronteras en el mecanismo de protección fue la falta de una estrategia para brindar atención integral a los periodistas que denuncian amenazas en su contra.
Si bien, el mecanismo contempla brindar protección física de manera inmediata a los comunicadores que la soliciten, algunos beneficiarios de este programa consideran que estas acciones son insuficientes para combatir la violencia contra periodistas.
La mayoría de los periodistas consultados por Reporteros sin Fronteras como parte de este estudio reconocieron que el mecanismo de protección brinda la seguridad necesaria ante una amenaza contra su integridad física; sin embargo, alertaron la falta de un plan de atención integral.
Lo anterior ha provocado que muchos de los comunicadores que son amenazados decidan abandonar su labor periodística, e incluso las localidades en las que viven, ante la falta de garantías de seguridad.
Algunos periodistas refirieron que las medidas implementadas por el mecanismo de protección sólo tienen fines de evitar agresiones y no combaten el problema de fondo al no detener a los generadores de la violencia.
“A pesar de estar ya bajo la protección del mecanismo, no he recibido ninguna medida concreta. La policía siempre dice que no tiene recursos, que no tiene gasolina. No sé cómo van a protegerme. Temo por mi vida, pero lamentablemente tengo que salir a trabajar, para mantener a mi familia. Quiero que cumplan la orden de captura contra mi agresor, porque es un peligro que continúe suelto”, declaró el periodista Gustavo Sánchez Cabrera para RSF días antes de su asesinato en junio de 2021.
Medidas de protección insuficientes
Periodistas y organizaciones de la sociedad civil declararon a Reporteros sin Fronteras que las medidas de protección ofrecidas por el mecanismo son insuficientes para garantizar la integridad de los beneficiarios, además de que no son diseñadas considerando las condiciones en las que viven.
“La no adecuación de las medidas otorgadas también puede contribuir a que se perpetúen las agresiones y los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas, incluso después de haber ingresado al mecanismo de protección”, alertó RSF en su informe.
Una de las principales críticas en torno a este tema es que las medidas que puede implementar el mecanismo de protección a periodistas están limitadas al catálogo de servicios que ofrece una empresa de seguridad privada.
Reporteros sin Fronteras alertó que esta situación provoca que los planes de protección para periodistas sean diseñados basándose en los servicios disponibles de una empresa y no considerando las necesidades reales de los beneficiarios.
La medida de protección más otorgada a periodistas, y también la más criticada, es el “botón de asistencia” que ofrece un enlace directo con las autoridades encargadas de su protección, sin embargo, esta medida ha reportado múltiples fallas técnicas y falta de respuesta.
Otra de las críticas contra el mecanismo es por los criterios en los que se basan para establecer el nivel de riesgo contra periodistas que solicitan protección, pues muchos de los beneficiarios consideran que es frecuente que las autoridades subestimen el riesgo que corren.
Los recientes casos de violencia contra periodistas en México se han convertido incluso en un tema internacional, esto luego de que el gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación ante los recientes casos de asesinatos de comunicadores cometidos en el país.