El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que hubo una “operación de Estado”, cuyo fin fue el de proteger a la familia de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, y no involucrarla en el caso del incendio de la guardaría ABC, en Sonora, ocurrido en 2009.
Durante la presentación de su libro “10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial”, el ministro confesó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, lo presionó para que cambiara el proyecto de sentencia.
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“En un momento me dice el secretario ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’ y le dije: ‘dígale al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de estado, no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños’”, relató Zaldívar quien dio instrucciones a su secretaria para que guardara bajo llave el proyecto, y si él no aparecía al día siguiente, lo difundiera entre la prensa.
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Según lo relatado por el ministro presidente de la SCJN, las presiones del gobierno federal tenían el objetivo de proteger a la familia de la esposa de Felipe Calderón, pues entre los dueños de la guardería ABC, donde murieron 49 niños y más de 100 resultaron heridos, resalta Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala.
“Nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, resaltó.
Arturo Zaldívar aprovechó su intervención para contar parte de los relatos de padres de niñas y niños que murieron en el incendio y de aquellos que resultaron lesionados, quienes acusaron al expresidente de evitar de diversas maneras que el suceso tuviera repercusiones a nivel internacional.
“Me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones hacia Sacramento donde había un hospital esperándolos para poderlos curar porque no querían que se hiciera grande el escándalo. Me contaron cómo los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones y la situación en la que habían quedado”, agregó.