A casi tres años de su aprobación, un juez declaró inconstitucional la Ley Federal de Austeridad Republicana y la medida sobre el plazo de 10 años, en el que altos funcionarios no pueden trabajar en empresas del sector que regularon.
De acuerdo con el diario Reforma, diputados de oposición impugnaron varios puntos de esta ley, uno de ellos es que el Congreso requería una habilitación especifica en la Constitución para emitir la Ley de Austeridad, debido a que no tenía facultades para hacerlo.
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El juez federal Abel Méndez, quien declaró insconstitucional dicha ley, explicó que la legislación en materia de "austeridad republicana" es una política de Estado que debe estar prevista en la Carta Magna para que no haya confusiones en la regulación del ejercicio de los recursos públicos.
Contra el candado de una década impuesto por la Ley de Austeridad
Además, el juez se pronunció sobre el artículo 24 de la Ley de Austeridad, luego de que un exfuncionario del sector financiero presentó un amparo contra esta norma, luego de que la Sofom Consupago le negó un empleo en septiembre del año pasado, porque no habían pasado 10 años de que dejó su cargo en el Gobierno.
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Señaló que el grado de especialización y la experiencia de altos funcionarios puede interesar a las empresas, sin embargo, el candado de una década afecta las posibilidades de contratación.
"El plazo de 10 años es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan", afirmó.
Por lo anterior, Abel Méndez concedió el amparo al exfuncionario, que es el primero contra esta ley, y de ser confirmado, Consupago deberá reconsiderar contratarlo.
Sin embargo, el Gobierno impugnará la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en mayo discutirá una acción de inconstitucionalidad de diputados de oposición.
¿Qué es la Ley de Austeridad?
El 20 de noviembre de 2019 entró en vigor la Ley Federal de Austeridad Republicana, que elimina beneficios para funcionarios públicos con el fin de "combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales".
Esta ley, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está conformada por 30 artículos y busca "regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se disponga se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez".
La Ley de Austeridad estipula lo siguiente:
- Enfocar las medidas de austeridad preferentemente en el gasto corriente no prioritario, y evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.
- De los ahorros derivados de la austeridad se liberarán recursos para los programas sociales para reducir la pobreza y combatir la inseguridad.
- Servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo "no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años".
- Cancela la contratación con recursos públicos de cualquier tipo de seguros de gastos médicos privados, de vida o de separación individual o colectiva.
- Prohíbe las pensiones de retiro al titular del Ejecutivo federal adicionales a la provista por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), correspondiente al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Con información del diario Reforma y EFE.