Dos de tres, ese es el balance en contra que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante 2022, debido a que la mayoría de las reformas constitucionales que propuso no pasaron el filtro del poder Legislativo: primero fue la reforma eléctrica para dar un papel preponderante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el mercado y ahora la reforma electoral, que buscó modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).
La única reforma de López Obrador que prosperó fue la de la Guardia Nacional, que incorporó dicho cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De 'pilón' se suma la modificación al articulo quinto transitorio de la Ley de Guardia Nacional, donde se facultó a las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública hasta 2028 y que ya es constitucional tras la aprobación de 20 congresos locales.
Primer 'strike': la reforma eléctrica
En abril de 2022, al pleno de la Cámara de Diputados arribó la reforma eléctrica promovida por AMLO, donde se buscó que la CFE generara (por lo menos) el 54 por ciento de la energía eléctrica del país, además de que le daría autonomía en el ejercicio de sus funciones. Además de modificar el artículo 27 constitucional para garantizar la explotación del litio y otros minerales estratégicos y así garantizar la transición energética.
Las bancadas de oposición -PRI, PAN y PRD- argumentaron que la iniciativa fomentaría prácticas monopólicas por parte de la CFE y que no se tomó en cuenta el papel de los inversionistas extranjeros, sobre todo en el contexto del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En la actualidad, México se encuentra en un proceso de consultas en materia energética del T-MEC y a la espera de no llegar a un panel de controversias.
El día de la votación, el domingo 17 de abril, la iniciativa de reforma eléctrica recibió 275 votos a favor y 223 en contra, pero no alcanzó la mayoría calificada (334 votos). En aquella ocasión, Morena y hasta el mismo mandatario consideraron que los legisladores de oposición fungieron como "traidores a la patria" al desechar el dictamen.
Tras el 'golpe' que recibió la reforma eléctrica, AMLO también envió un plan B a San Lázaro: la iniciativa de reforma a la Ley Minera, cuya principal medida fue el aprovechamiento del litio presente en el territorio nacional. Tan sólo un día después, el lunes 18 de abril, el dictamen fue aprobado y posteriormente se anunció la creación de una empresa encargada de la explotación de dicho mineral: Litiomex.
Segundo 'strike': la reforma electoral
La reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal propuso una serie de modificaciones a la estructura político-electoral del país, sobre todo al Instituto Nacional Electoral (INE), que pasaría a ser el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). Aunado a la elección de consejeros y magistrados, quienes serían elegidos por voto popular y para un periodo de seis años, para así coincidir con los sexenios; la terna de los aspirantes sería propuesta por el mismo ejecutivo.
Esta iniciativa causó un amplio debate entre los partidos de oposición, organizaciones civiles, entre otros, quienes organizaron una marcha el pasado 13 de noviembre bajo el eslogan #ElINENoSeToca, esto en la Ciudad de México y más de 40 ciudades del país. La parte que se opuso a la iniciativa argumentó que el gobierno federal buscaba acabar con el INE y la calificaron de un "atentado contra la democracia". AMLO, Morena y su simpatizantes respondieron con otra marcha el 27 de noviembre.
Este martes, el pleno de la Cámara de Diputados discutió la iniciativa y, pese a que obtuvo 269 votos a favor, se quedó lejos de la mayoría calificada de 334. En esta ocasión, el PRI no acompañó el dictamen promovido por Morena y sus aliados (PT y PVEM); inclusive dentro del 'partido guinda' hubo un par de legisladores que no sufragaron a favor: Adela Ramos (en contra) y Carlos Noriega Tomero (en abstención).
Ahora, AMLO buscará que su nuevo plan B sea aprobado por el legislativo: se trata de una modificación a la iniciativa original, donde destaca compactar la estructura del INE y los órganos locales, con miras a obtener un ahorro de 3 mil 605.6 millones de pesos. Lo que se mantiene es el recorte a los consejeros y magistrados del INE, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).