Baja California, Baja California Sur y Sinaloa son los 3 estados en los que las mujeres y personas gestantes del noroeste del país pueden acudir si quieren ejercer su derecho al aborto, ya que es legal hasta las 12 semanas en los primeros 2 y hasta las 13 semanas en el tercero.
En las 3 entidades hay barreras que dificultan el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE). Esto ocurre pese a que Baja California cumplió un año de la despenalización en octubre pasado.
El aborto en Baja California
Uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres y personas gestantes para acceder al aborto seguro y gratuito en esta entidad es la falta de información.
Cristal de Lira, acompañante de Bloodys Red Tijuana, detalla a Grupo Fórmula que el personal de salud de Baja California no ha descentralizado la información y es necesario que lo hagan porque las colectivas y organizaciones han tenido que realizar el trabajo de debería hacer la Secretaría de Salud del estado, empezando por crear campañas de difusión.
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La acompañante de aborto señala que el gobierno estatal debería realizar campañas informativas y elaborar una estrategia como lo hizo tras la llegada de la pandemia de COVID-19 a México.
“Por todos lados decía usa cubrebocas, la sana distancia; no podía cerrar una puerta de un baño porque atrás decía: ‘utiliza cubrebocas, lávate las manos’. O sea, todo ese tipo de campañas estratégicas que se hicieron para temas de salud, por ejemplo como la COVID, el acceso al aborto tiene que ser igual de importante y ponerlo por todos lados, pero obviamente eso es un tema que no se hace”, comenta en entrevista.
En total, 149 mujeres y personas gestantes abortaron en la entidad entre el 12 de noviembre, cuando inició el Programa de Aborto Seguro en Baja California, y el 13 de septiembre de 2022, según datos obtenidos vía transparencia.
Obstaculización de personal de salud, otro de los retos de la ILE
La poca información que hay en las instituciones de salud también provoca que el personal médico obstaculice el acceso al aborto a mujeres y personas gestantes. En algunos casos no sólo les niegan el servicio, sino que les dan recetas de control prenatal.
En Bloodys atendieron un caso en el que el personal de salud de un hospital dijo a una usuaria que en la institución votaron para no realizar la ILE, a pesar de que la ley establece que así debe de ser. Lo que también evidencia la falta de personal no objetor de conciencia que esté dispuesto a proporcionar información y medicamento.
Por ello, una de las cosas que hacen en Bloodys es brindar la información necesaria a las usuarias para canalizarlas a las instituciones de salud y que no las traten de persuadir.
Otro de los problemas es la falta de capacitación del personal. Ante esta situación, la colectiva de acompañantes ha enviado diversas propuestas metodológicas al personal encargado del Programa de Aborto Seguro en Baja California para realizar capacitaciones.
El sistema de salud no garantiza el servicio de aborto completo
Cristal advirtió que a algunas mujeres y personas gestantes de Baja California no les garantizan el servicio completo de aborto porque parte del procedimiento es realizar un ultrasonido previo a realizar la interrupción legal del embarazo para asegurarse de que no haya ninguna complicación y que no se trate de un embarazo ectópico.
Sin embargo, les piden que se lo realicen en una clínica particular y les cobran alrededor de 500 pesos, a pesar de que debería ser gratuito.
Eso también funciona para disuadirlas de atenderse en las instancias públicas, implica que pierdan tiempo y gasten recursos, por lo que las usuarias prefieran abortar desde sus casas con medicamento o en clínicas privadas.
Persuasión para no abortar y denuncias de abuso sexual de médicos privados
A algunas mujeres y personas gestantes las han tratado de persuadir para evitar que aborten, de acuerdo con Cristal de Lira. Por lo que les piden pasar con una psicóloga o psicólogo antes de brindarles el servicio de ILE. Lo que resulta grave y violatorio de sus derechos.
La falta de información también ha provocado que las mujeres y personas gestantes desconozcan que los métodos seguros de aborto no son invasivos y que en el caso de interrupción con medicamento, este se toma de forma oral.
Por lo que algunos médicos se han aprovechado de la desinformación para ofrecer a las usuarias colocarles el misoprostol de forma vaginal y en sus casas. Además, a precios altos.
“No es necesario que un hombre entre a su casa y no es necesario que un hombre les ponga el medicamento vaginalmente. Eso lo vamos a denunciar como abuso sexual por parte de estos profesionales de la salud entre comillas”, destaca.
Baja California Sur, el negocio de ‘abortos incompletos’ para cobrar miles de pesos
Baja California Sur es el estado del país con menos municipios (5) y por su condición geográfica, abundan las comunidades rurales, pesqueras y alejadas de las urbes. Incluso los sitios tienen dificultades para el acceso a la electricidad.
Pese a que la despenalización del aborto es una realidad en esa entidad desde junio de 2022, a estas alturas todavía hay problemas para la implementación del derecho.
La ILE se avaló por el Congreso local con 16 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Hay seis causales específicas:
- Por voluntad durante las 12 primeras semanas de embarazo.
- Luego de las 12 semanas de gestación, en caso de que el producto sea resultado de una violación o inseminación artificial no consentida.
- Cuando el embarazo implique peligro de muerte o afectación grave a la salud de la mujer o persona gestante.
- Cuando el producto presente daños físicos o mentales.
- Si es aborto por una conducta imprudencial o culposa, es decir, por accidente.
- Si las autoridades y servicios de salud niegan la ILE a las mujeres y personas gestantes en las primeras 12 semanas de gestación.
Aunque la Ley es clara todavía hay prejuicios relacionados a la práctica, por lo que se presentan situaciones en las que no se quiere otorgar el aborto por “principios morales” y aun cuando en los nosocomios debe haber personal no objetor de conciencia.
Así lo denunció la colectiva ‘Las Calafias, Aborto Seguro’, que opera en dicha entidad y se encarga de realizar procesos de acompañamiento para quienes lo requieran.
Las activistas identifican problemas muy específicos, como la resistencia de las farmacéuticas a vender misoprostol a mujeres jóvenes que acuden sin receta (pese a que no es un medicamento controlado).
En cada municipio hay un Hospital General, donde se tendría que dar el acceso gratuito y seguro al aborto. No obstante, las entrevistadas comentan que sólo se tiene conocimiento de tres recintos donde se practica la ILE: en el de Los Cabos, el de La Paz y el de Comondú.
“En algunos casos hemos detectado que, si bien no se niega el servicio, a las solicitantes se les hace esperar hasta por una semana. Incluso les proporcionan el número del consultorio privado de la doctora que atiende públicamente, para que mejor se atiendan por esa vía”, refirieren integrantes de ‘Las Calafias, Aborto Seguro’.
Pero hay una práctica que vulnera todavía más a las mujeres y personas gestantes: médicos privados, a quienes se consulta para la ILE, dan misoprostol en dosis no adecuadas. De esa forma, propician abortos incompletos.
Luego, cuando las pacientes se dan cuenta de que su proceso no se completó, el personal sanitario las somete a legrados por los que se cobran montos de hasta 20 mil pesos.
Ante este panorama, muchas mujeres y personas gestantes optan por ‘remedios tradicionales’, lo que pone en riesgo su integridad. Y es que aunque el personal de las clínicas públicas está capacitado en aspectos técnicos, las activistas refieren que les hace falta empatía.
En estas condiciones está el marco de acción de organizaciones como ‘Las Calafias, Aborto Seguro’, que da acompañamiento virtual o presencial y que muchas veces donan los medicamentos que otros recintos se niegan a otorgar.
A finales de septiembre pasado, la Secretaría de Salud de la entidad reveló que de junio de 2022 a ese mes, se solicitaron 17 procedimientos de ILE que se realizaron mayoritariamente con medicamento. No obstante, las acompañantes mencionan que ellas llegan a atender un promedio de tres personas a la semana.
Las acompañantes de la organización que conversaron con Grupo Fórmula consideran otro aspecto importante, relacionado con que haya campañas de información “sobre el protocolo que debe seguirse y respetarse en materia de ILE, así como de las clínicas y hospitales que están obligados a prestar el servicio”.
Sinaloa despenalizó el aborto, pero con muchos vacíos legales
Sinaloa es la única entidad de la República Mexicana que permite la realización de abortos más allá de las 12 semanas de gestación, pues el plazo está ampliado hasta las 13 semanas con cinco días.
La despenalización del aborto en esa región del país fue determinada desde marzo de 2022 con 28 votos a favor, dos en contra y nueve abstenciones de los integrantes del Congreso local.
Aunque por un lado implica un gran paso para la consolidación de derechos, el decreto aprobado “contiene imprecisiones que, de no atenderse, generarán graves violaciones a los derechos humanos de las niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes”, según refirió la organización IPAS México.
Resulta que el proyecto que ya se publicó contempla penalizaciones para quienes accedan al aborto más allá de las 13 semanas, además, el texto confunde términos y tipifica el ‘delito de interrupción del embarazo’ cuando emplear el concepto para esos fines no es correcto.
Se despenalizó el aborto con inconsistencias en la reforma
Hay varias inconsistencias que, a criterio de un juez u otro, podrían derivar en medidas punitivas contra las mujeres o personas gestantes. Además, en varios aspectos se deja la decisión en manos de terceros bajo el argumento de que sean ‘dos médicos especialistas’.
En el comunicado emitido por el Congreso de Sinaloa el día 8 de marzo de 2022 considera las siguientes causales mediante las cuales se permite el aborto:
- “Se consideran causas excluyentes de responsabilidad penal cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o de inseminación artificial indebida, independientemente de que exista, o no, causa penal sobre estos delitos”.
- “Cuando la interrupción del embarazo sea derivada de una conducta culposa o involuntaria de la mujer o persona gestante”.
- “Cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente para diagnosticar que el producto de la gestación presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que puedan poner en riesgo la sobrevivencia del mismo, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer o persona gestante”.
- “Cuando exista un trastorno ginecológico que a juicio de dos médicos especialistas haya impedido a la mujer o persona gestante tener el conocimiento del embarazo”.
- “Si de no provocarse la interrupción del embarazo, la mujer o persona gestante corre peligro de afectación grave a su salud o está en riesgo su vida, a juicio de dos médicos especialistas, siempre que esto sea posible y la demora no incremente el peligro”.
Pese a las lagunas era mejor tener eso a nada. Así lo considera Mariel Yee, licenciada en Políticas Públicas y activista que forma parte de la colectiva ILE Sinaloa.
En conversación con Grupo Fórmula, la joven expresa que, para los 18 municipios de su entidad, hay pocos nosocomios habilitados para realizar interrupciones legales del embarazo. El más conocido es el Hospital de la Mujer que está en Culiacán, la capital.
En teoría el servicio debería estar disponible en más sitios. Sin embargo, hay contadas clínicas e incluso en ciudades grandes como Mazatlán todavía hay trabas, por lo que los obstáculos para las mujeres y personas gestantes se incrementan mientras más lejos se esté del centro de la entidad.
La existencia de un solo recinto dedicado a brindar el servicio de aborto gratuito y seguro implica un problema para quienes viven lejos: “Es el fenómeno de la centralización de las oportunidades. (…) Suponer traslados desde la parte sur, desde la parte norte del estado y claro que implica un gasto operativo grande”, explica la activista.
A Mariel Yee le ha tocado ver cómo el personal de salud de su estado se resiste a brindar una atención integral a quienes solicitan la interrupción legal del embarazo.
Hay desinformación y páginas falsas orquestadas por grupos antiderechos
La desinformación impera, pues se trata de ‘desanimar’ y hasta espantar a quienes acuden a pedir informes relacionados con la práctica. Les comentan que requiere de internamiento de varios días cuando no es así (o se habla de legrado, una práctica por demás obsoleta).
Aunque por el momento ella no ha sido testigo de que se concrete una criminalización vía cárcel, sí presenció una victimización cometida contra una madre y su hija.
“Nos tocó dar acompañamientos y el personal médico estaba revictimizando a usuarias. Las amenazaban con llevarlas a la cárcel. Cuando todavía estábamos en pandemia me tocó acompañar un caso. Era una adolescente víctima de violencia sexual que estaba accediendo a su derecho a la interrupción”.
“Los agentes llegaron sin identificarse, revictimizando horriblemente a la mamá de la adolescente. Le decían: ‘señora, nos la vamos a llevar la cárcel a usted, a su hija y a todos los médicos que participaron en la interrupción porque qué tal que su hija solo dijo que era violencia sexual para que practican el aborto’. Fue una cosa horrible y me tocó llegar con ellos, cuestionarles por qué estaban violando todo el debido proceso”, recuerda.
Según relata la integrante de la colectiva ILE Sinaloa, en un evento reciente el Secretario de Salud de la entidad reveló que se han atendido aproximadamente 275 abortos en el Hospital de la Mujer.
La joven explica que en el ISSSTE se hicieron menos, pues el servicio se otorga en función de la afiliación. “En el Seguro Social [IMSS] sí ha habido mucha resistencia, aun con que es federal”, detalla.
Otra situación alarmante es la ocurrida con los grupos antiderechos, quienes a veces se hacen pasar por personal de acompañamiento para alejar a las mujeres y personas gestantes de las clínicas donde se realizan interrupciones legales del embarazo.
Incluso cometen usurpación en línea, pues habilitan páginas proaborto para acercarse a persuadir a quienes solicitan información relacionada con dicho servicio médico.
Otro obstáculo al que se enfrentan las solicitantes de aborto en Sinaloa se relaciona con el libre acceso al medicamento, pues cuando las mujeres acuden a las farmacias en busca de misoprostol se dan casos en los que son rechazadas por el personal. Lo lamentable es que si va un hombre a hacer la compra, suele ser atendido sin cuestionamiento alguno, según relata la activista.
Esta información forma parte de la investigación especial Sobrevivir juntas a la violencia contra las mujeres realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (#25N).