El próximo 9 de noviembre la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá si otorga o no un amparo en contra de la utilización de recursos erario para instalar nacimientos navideños católicos en sitios públicos durante los festejos navideños, informó Juan Antonio Jiménez para Joaquín López-Dóriga.
El ministro de la SCJN Juan Luis González Alcántara Carrancá preparó un proyecto en el que se evaluó la pertinencia del municipio de Chocholá en Yucatán para colocar nacimientos navideños en el espacio público así como usar dinero público con este fin, y concluyó que debe abstenerse.
Esta decisión se tomó luego de que un poblador de dicho municipio presentara una demanda de amparo en la que se acusa que en el año 2020 se colocaron adornos alusivos al nacimiento de Jesucristo, los cuales fueron instalados en espacios públicos significativos de Chocholá.
A pesar de tratarse de un caso particular, esta resolución será relevante en tanto que podría sentar un precedente para que se desarrollen criterios obligatorios en todo el país.
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El quejoso promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Ayuntamiento de Chocholá, Yucatán. Se ocupó del asunto el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, el cual determinó sobreseimiento debido a que los efectos de los actos reclamados ya habían concluido. Después de esto, el quejoso pidió a la SCJN que atrajera el caso.
En el reclamo se argumenta que la colocación del nacimiento vulnera la laicidad del Estado y, por ende discrimina a los que no profesan la misma fe católica.
Reclama la libertad religiosa concedida por la Constitución y además dice que esta libertad no puede ser usada con motivos políticos.
Iglesia Católica apela a la laicidad positiva
En el editorial de Desde la Fe, publicación de la Arquidiócesis Primada de México, señaló que la resolución negativa resulta contradictoria en tanto se prohíbe que se vuelvan a colocar símbolos religiosos y a la vez se pide al ayuntamiento que se promueva la pluralidad ideológica.
Asimismo se argumenta que el principio de laicidad del Estado se está interpretando como laicidad negativa, es decir, "evitar que las religiones sean asunto público, reservarlas a lo privado, y por lo tanto, prohibir cada vez más la manifestación pública de la fe".
En este sentido, la editorial hizo un llamado a los ministros para que se evalúe tomar en cuenta la laicidad positiva y eviten intolerancias que significaría esconder manifestaciones religiosas, como la Navidad y los nacimientos.