El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa advirtió que no es posible comprobar la autenticidad de las capturas de chats de WhatsApp presentadas por el gobierno federal como prueba del paradero de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
Los mensajes analizados no pueden considerarse como una prueba digital ya que no se puede comprobar que las capturas de las conversaciones se hayan realizado desde dispositivos propiedad de los involucrados en la desaparición de los normalistas, advirtieron los cuatro integrantes del grupo en conferencia de prensa.
Estas son algunas de las inconsistencias que se encontraron en el peritaje solicitado por el GIEI a las capturas de WhatsApp presentadas en el informe de la Comisión de Atención a Víctimas y Acceso a la Justicia (Covaj):
- De acuerdo con el análisis realizado se determina que no es posible garantizar la originalidad de los mensajes, ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata su autenticidad, pues no se puede comprobar la fecha de creación de mensajes ni el tipo de dispositivo en el que se realizó la captura.
- Hay inconsistencias en cuanto a las versiones de WhatsApp que aparecen en las capturas de pantalla.
- Existen diferencias en la forma de escritura, inusual en la aplicación.
- La palomita azul de mensajes enviados supuestamente en septiembre de 2014 no coincide, pues fue implementada en noviembre del mismo año.
- La fecha de generación de la imagen de las capturas fue previa al envío de los mensajes.
Al ser cuestionados directamente acerca de si los mencionados chats de WhatsApp son una prueba ‘inventada’, los expertos insistieron en que no es posible comprobar la fuente de la que provienen las capturas ni las fechas en las que se obtuvieron.
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“Si (los mensajes de WhatsApp) son creados o no son creados no lo sabemos porque no tenemos la fuente original”, recalcó Francisco Cox.
Recalcaron que no se trata de una nueva ‘verdad histórica’ sino de una ‘torpeza’, pues no se han documentado casos de tortura para obtener las evidencias, como ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.