El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que aún no hay un acuerdo sobre la redacción del proyecto que busca extender la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad nacional de 2024 a 2028.
El morenista sostuvo que no se ha llegado a un acuerdo en comisiones, a pesar de que se trabajó en ello durante el sábado y el domingo.
Ricardo Monreal señaló que ante esta situación, hay dos alternativas:
- Que no se modifique una coma: que las comisiones regresen el dictamen en los términos en que estaba en la pasada sesión del miércoles que no se votó, con un alto riesgo que no se alcance la mayoría calificada en la votación.
- Que se permitan controles parlamentarios sobre las Fuerzas Armadas y sobre la Guardia Nacional: que se modifiquen algunas medidas e incluyan medidas de rendición de cuentas, evaluación, desempeño y presentación de informes semestrales.
Ricardo Monreal admitió que existen una tercera alternativa a partir de otras propuestas que plantean una nueva iniciativa, con modificaciones al 89 y 73 constitucionales, pero serían “un proceso largo”, explicó el morenista, por lo que no parecen viables.
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Aclaró que la primera alternativa difícilmente les permitirá la construcción de la mayoría calificada, y que con ella, se espera que la cuestión se resuelva en el ejercicio participativo que planteó el presidente la semana pasada. Mientras que la segunda opción abriría la puerta de la mayoría calificada, pero no la asegura. "No es fácil", acotó el legislador.
Monreal Ávila mencionó que el Partido Acción Nacional (PAN) propuso que hubiera más presupuesto para las policías estatales y municipales, y Morena planteó una corresponsabilidad entre Ejecutivo y gobernadores. Pero el PAN busca otras modificaciones constitucionales, lo que consideró que es una alternativa inviable.
Con esta iniciativa, que busca modificar el artículo Quinto Transitorio del decreto para la creación de la Guardia Nacional en la Constitución, se facultaría a las Fuerzas Armadas para permanecer en tareas de seguridad pública hasta el 2028 y no hasta 2024 como se planteó originalmente.
Las y los diputados del PRI, autores de la reforma, alegaron que es necesario que el Ejército se quede con estas funciones debido a la situación de violencia por la que atraviesa el país, mientras la Guardia Nacional consolida sus capacidades y estructura.