Las autoridades en México evitan tipificar los crímenes violentos contra mujeres como feminicidios y lo hacen como homicidios o los investigan como suicidios, porque así se facilita el camino para que estos lleguen a una sentencia, concluyen la Universidad de San Diego y el Wilson Center, reportó Laura Brugés con Joaquín López-Dóriga.
David Shirk, profesor de Ciencias Políticas de dicha universidad, señaló que un estudio arrojó que los feminicidios son 50 por ciento más numerosos en las distintas localidades cuando existen fiscalías especializadas. Lo que significa que cuando se tiene la capacidad de investigar un delito, el delito se encuentra.
No obstante, que haya registro de feminicidios no significa que el delito se judicialice de forma adecuada, pues cada parte del proceso requiere de recursos, apuntó Shrink. La impunidad en feminicidios es del 92 por ciento, de acuerdo con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) México.
Por lo que se deben destinar más recursos a los peritos de las fiscalías especializadas para que se integren mejor las carpetas de investigación.
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Esto fue compartido en Foro Nacional Sobre Feminicidio: Visiones y Soluciones, que se llevó a cabo en el Senado de la República, en la Ciudad de México, cuyo propósito fue fortalecer el marco legal para enfrentar la crisis de feminicidios en el país.
Autoridades no quieren investigar feminicidios
Laura Brugés reportó que la señora Adriana Gómez expuso el caso de su hija, quien fue hallada colgada en un deportivo de Chiapas, y cuyo caso fue catalogado como suicidio porque así las autoridades pudieron evadir la investigación.
"El Estado mexicano está rebasado: hay una falta de recursos, hay insuficiencia de personal en las fiscalías, hay una falta de coordinación entre ellas, faltan medidas de prevención, falta integrarse una perspectiva de género en las fiscalías", señaló Lila Abed, directora adjunta del Wilson Center.
Abed anunció que los legisladores van a intentar homologar los procesos criminales de las 32 entidades federativas, debido a que cada estado tiene una definición diferente.
En su sitio web, el Wilson Center expone cómo los casos legales del “Campo Algodonero”, el Olimpia Coral Melo, de Ingrid Escamilla y de Debhani Escobar han hecho visibles al Estado mexicano como responsable de violencias contra las mujeres, debido a que no se cuenta con la legislación adecuada para que se castigue la violencia machista y feminicida.