Durante 2021, la violencia y discriminación contra la niñez y adolescencia aumentó a causa de la pandemia de COVID-19 sumada a otros factores, de acuerdo con Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Ello, derivado de que el primer año en el que niñas, niños y adolescentes vivieron, por completo, los efectos no sólo de la pandemia de COVID-19 sino de la sindemia, es decir, “la interacción de las desigualdades sociales con los efectos nocivos de la pandemia”.
Te podría interesar
Esto se define según el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) como cuando "dos o más enfermedades que coexisten en el tiempo y el lugar, interactúan entre sí a nivel biológico y social, y comparten determinantes sociales subyacentes en común".
Durante la presentación del Balance Anual Discriminación y violencia contra la niñez durante la sindemia 2021, REDIM detalló que los derechos que más se vulneraron fueron: salud, educación, seguridad, vida e información.
Te podría interesar
Además, la pobreza aumentó 2.3 puntos porcentuales en la población de 0 a 17 años, pasó de 50.3 por ciento a 52.6 por ciento a nivel nacional. Mientras que en el caso de pobreza extrema subió de 8.7 por ciento a 10.6 por ciento, de 2018 a 2020.
En este sentido, Tania Ruiz resaltó que es el único grupo de población en el que empeoraron las condiciones de ambos indicadores durante la administración actual.
Invisibilidad en las instituciones públicas
Asimismo, señaló que una de las principales preocupaciones fue la invisibilidad de la niñez en las instituciones públicas. Las cuales se dedican a garantizar sus derechos.
Esto se debe a que hubo una reducción presupuestal de 10 millones de pesos a 1.5 millones de pesos en el anexo 13 del Presupuesto de la Secretaría de Gobernación. Donde se incluyen rubros relacionados con la niñez, orientados a la protección y defensa de los derechos humanos y a la prevención de la discriminación.
Aunado a ello, el presupuesto para las infancias y adolescentes de 2022 sólo incrementó 5 por ciento, respecto al del 2021, y el año pasado el aumento fue de 11.3 por ciento, respecto al del 2020.
Lo que representa un aumento que no es sustantivo, ni significativo, si se compara con la inflación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó para este año, de acuerdo con la directora de REDIM.
El balance advirtió que hubo otras disminuciones de recursos que ponen en riesgo la garantía de los derechos y en situación de vulnerabilidad a los 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes.
- Reducción de 8.6 por ciento en los recursos que se destinan para atender la salud.
- Disminución del 97 por ciento del dinero que se usa para la investigación y persecución de los delitos cometidos en materia de derechos humanos.
- Reducción del 8 por ciento al programa de expansión de educación inicial.
- Falta de acciones y programas capaces de sustituir el programa de estancias infantiles en apoyo a las madres trabajadoras.
- Omisión de programas específicos enfocados al desarrollo integral y al seguimiento de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia.
Adicionalmente, desapareció el Instituto Nacional de Desarrollo Social y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) no tiene titular desde marzo de 2021. Tania Ruiz destacó que esas son otras señales de la invisibilidad de la niñez en la institucionalidad pública.
El Balance fue entregado esta mañana en Palacio Nacional por las tres reinas magas de REDIM y el próximo 6 de febrero se reunirán con autoridades del gobierno federal para hacer una revisión y realizar acuerdos.