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Vacunación COVID en niños: ¿cuánto cuesta tramitar un amparo?

El proceso de amparo puede tardar hasta seis meses.

Un amparo para que los niños accedan a la vacunación contra el COVID-19 puede costar gasta 30 mil pesos.Créditos: Cuartoscurso
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Ante el avance de la variante Omicron de COVID-19 y la falta de un esquema de vacunación para los niños más pequeños, cientos de padres de familia han recurrido a abogados para que sus hijos puedan acceder a la vacuna contra el coronavirus a través de amparos que van de los 2 mil hasta los 30 mil pesos.

Este recurso legal es utilizado bajo el argumento de que se violan las garantías individuales por lo que se promueve un juicio a fin de que las autoridades garanticen estos derechos, en este caso, el derecho a la salud.  

En primer lugar se debe buscar a un abogado, que es quien se encargará de llevar a cabo todos los trámites y ejercer sus funciones de representante legal para promover el amparo, que puede tardar hasta seis meses en obtener respuesta de las autoridades.

El costo del amparo depende en gran medida de los honorarios del abogado y del estado de la república en el que el interesado se encuentre y oscila entre los 2 y 5 mil pesos, aunque algunos padres han reportado que en estados como Guanajuato cuesta hasta 30 mil pesos. 

Además, existen abogados, instituciones y partidos políticos que ofrecen tramitar este recurso legal de forma gratuita.  

Apenas, este martes un tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó al gobierno federal vacunar contra el COVID-19 a dos menores de 6 y 11 años, con el biológico de la farmacéutica Pfizer-BioNTech. 

Dicha vacuna fue autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para su uso en menores de 5 a 11 años, pero aún no cuenta con el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). 

Dicha sentencia abre la posibilidad para la vacunación contra el COVID-19 en menores de 5 a 11 años, aunque para ello deberán posicionarse diferentes instituciones académicas, médicas y de control de medicamentos.