La comunidad de estudiantes y profesores del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) manifestó su rechazo por el acuerdo que se publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación y que suspende las actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con motivo de la pandemia de COVID-19.
La preocupación radica en que han tramitado al menos 15 amparos en contra del proceso de designación del actual director general, José Antonio Romero Tellaeche, y la convocatoria con la que se busca modificar el Estatuto General de la institución.
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“Este acuerdo lo que está haciendo es cerrando la ventanilla”, comentó a Grupo Fórmula el académico en el CIDE Javier Martín Reyes.
Explicó que dicha unidad se dedica, entre otras cosas, a tramitar todos los procesos judiciales, por lo que ahora existe la posibilidad de que el Conacyt que dirige María Elena Álvarez Buylla, se niegue a recibir notificaciones de acciones legales o no conteste demandas.
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Por ejemplo, una eventual suspensión de la nueva convocatoria a la Asamblea General de Asociados para reforma estatus del CIDE, sesión que se prevé para el próximo lunes 24 de enero.
El también abogado y politólogo explicó que dicha medida adoptada por Conacyt, es inconstitucional toda vez que es innecesaria y desproporcionada, según señaló.
“Si Conacyt quiere proteger el derecho a la salud, eso está bien, pero entonces tiene que habilitar alguna posibilidad para que se continúe. Tiene que garantizar un funcionamiento mínimo de la Unidad de Asuntos Jurídicos para que se pueda seguir con los trámites de los juicios de amparo y se proteja el derecho de acceso a la justicia”.
En su cuenta de Twitter, la Asamblea Académica Permanente del CIDE manifestó su rechazo a la medida.
"Expresamos nuestra preocupación por las hostilidades persistentes y el Acuerdo de CONACYT publicado hoy en el DOF, con el que obstaculiza toda estrategia jurídica que busque evitar el #AsaltoAlCIDE", señaló el mensaje.
La comunidad estudiantil se suma a las preocupaciones
Para la comunidad estudiantil, también hay un impacto anímico, además de enfrentarse a la incertidumbre sobre qué pasará a futuro. “Estás impulsando un procedimiento y se corta el ritmo”, dijo Rafael Gutiérrez, parte del equipo jurídico que lleva los amparos.
De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, la suspensión de la totalidad de las actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos y de las áreas adscritas en lo que respecta a la defensa y representación del Conacyt ante autoridades jurisdiccionales, tiene una vigencia de 15 días hábiles siguientes al de su entrada en vigor.
Sin embargo, existe la posibilidad de que pueda extenderse, indicó el académico Javier Martín Reyes.
“Esto (el acuerdo) contradice abiertamente la instrucción del presidente de que hay que retomar actividades en los centros educativos, y contradice la decisión de las autoridades del CIDE por que se reanude de manera presencial el semestre”.
A pesar de las medidas adoptadas por Conacyt, el abogado y politólogo confía en que los jueces encuentren formas de seguir adelante los diferentes trámites; por ejemplo, a través de notificaciones por correo electrónico.
“¿Por qué sólo se limita a una sola unidad administrativa, es decir, asuntos jurídicos? ¿Por qué no a otras áreas de Conacyt?”, cuestionó Martín Reyes.