La Fiscalía General de la República (FGR) logró su cometido pues este jueves obtuvo las órdenes de aprehensión en contra de la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez por presunta delincuencia organizada.
Desde noviembre de 2019, la FGR a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) inició una carpeta de investigación en contra de la pareja, otras cinco personas más y siete empresas por el delito antes mencionado y por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Tanto Gómez Mont y Álvarez Puga, así como Edgardo Mauricio “V”, Rosario “A”, Margarita “C”, Ricardo “P” y Mauricio “R” se habrían coludido para simular operaciones y dotar de recursos la organización que formaron.
Lo anterior lo habrían conseguido al bajar cargas tributarias y ocultando operaciones, lo que dificultó el rastreo de dichos recursos.
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De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, la organización liderada por Inés Gómez y su esposo celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban.
La finalidad de dichas actividades era la de lavar dinero, disfrazando una serie de delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes.
Sin embargo, la organización de la conductora mexicana no era la única involucrada pues otro grupo operaba como supuestos representantes de personas morales, conformado por Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C” y Yareli “C”.
A la vez participó otro grupo de personas, integrado por servidores públicos, quienes fueron los encargados de facilitar ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. La FGR identificó a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N” entre los involucrados.
“Cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos que se persiguen”, detalló la Fiscalía.
Respecto a las empresas coludidas, mismas que están representadas por su apoderado Héctor “Z”, quien recibió 2 mil 500 millones de pesos, destacan dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social por 2 mil 950 millones de pesos.
“Sobre la participación de Gabriel “M”, dicha persona figuró como accionista de una de las empresas investigadas; y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas. El caso se seguirá investigando”, agregó el órgano.
Cabe destacar que además de exponerse las órdenes de aprehensión, se informó sobre la detención de tres de los involucrados, cuyos nombres no fueron dados a conocer.