La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) condena la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitida el pasado 19 de enero, donde se ordena a las estaciones de radio y televisión del país que se haga una diferencia entre información noticiosa y opiniones de quien la comunica.
Afirma que dicha sentencia es una ataque directo contra la libertad de expresión en México, "se trata de una obligación de imposible cumplimiento en la realidad u que va en contra del más elemental sentido común", anunció en un comunicado emitido durante este jueves.
Explica que dicha sentencia también va en contra de la libertad de expresión de los comunicadores y el derecho a la libertad editorial, así como la capacidad de decidir el momento y forma en que deben utilizarse. "Es absurdo que desde el Estado se someta a la radio y televisión a controles burocráticos", expresan.
Declara que se corre el riesgo de que la mayoría de los programas de radio y televisión sean cancelados, cuando terceras personas no distingan entre información y opinión, "tal medida afecta la dinámica de trabajo de todos los medios, tanto públicos como privados.
Aseguran que esto también afectaría a las conferencias matutinas del presidente López Obrador, sino se hace una diferencia entre información y opinión. Acusa que el ministro Juan Luis González Alcántara mostró "su despreocupación y ligereza" ante los efectos antidemocráticos, así como un profundo desconocimiento de la radio y televisión.
Ignora (el ministro González Alcántara) que el principal derecho de las audiencias es estar informadas con veracidad y oportunidad, por medio y comunicadores libres", aseguró la CIRT.
CIRT añade que se está frente al más grave retroceso de la libertad de información y expresión en los últimos 45 años, por lo que las mil 400 estaciones de radio y televisión que integran la CIRT refrendan su compromiso para no ser censurados y anuncian que harán uso de todos los recursos legales a su disposición.
Piden al Gobierno, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte y al IFETEL que el asunto se resuelva con pleno respeto a la Constitución y los tratados internacionales a los que se encuentra suscrito México, con el objetivo de velar por el desarrollo democrático del país.