Para Uuc-kib Espadas, la situación de la revocación de mandato trasciende al Instituto Nacional Electoral (INE); pues si la parte judicial decide no opinar sobre los términos en que el Poder Ejecutivo quiere hacer la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, se abriría una puerta para anular autonomías.
“Si la decisión judicial es no opinar u ordenar que en los términos del Ejecutivo se tiene que realizar la consulta, esto significaría abrir la puerta para la nulidad no de las autonomías sino de gobiernos de todos tipos.
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“Sería legalizar el estrangulamiento financiero como alternativa del poder Ejecutivo para poder controlar órganos autónomos o gobiernos opositores”, añadió Espadas en entrevistas con Denise Maerker.
Asimismo, confirmó que la revocación de mandato se realiza en paralelo al conflicto que existe por los recursos económicos para poder llevarla a cabo el próximo 10 de abril. Por ello, informó que el 4 de febrero saldrá la convocatoria para realizar el ejercicio.
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Sin embargo, el 31 de enero, cuando estén “pegados contras las cuerdas”, deben saber con cuánto dinero va a contar para hacer la revocación pues más tarde sería muy complicado para el INE postergar acciones como la contratación de capacitadores electorales.
“Si el 15 de febrero nos dice la propia (Secretaría de) Hacienda, el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación), o la (Suprema) Corte 'aquí está el dinero que pedían', ya es muy tarde. No podemos revertir y rediseñar el proceso”, indicó.
Apenas el martes, el INE informó que se alcanzó la meta de apoyos para solicitar la realización de la consulta; en tanto, se espera que Hacienda responda antes del 31 de enero de manera formal con cuántos recursos contará el Instituto para la celebración de este proceso.
Hasta ahora, se informó el martes, el INE dispone de recursos suficientes para instalar unas 60 mil casillas, como ocurrió en la consulta popular de agosto pasado, y no las más de 160 mil que tiene que colocar por ley.