Una base de datos con hasta 49 mil registros genéticos de familias de personas desaparecidas fue entregada por el Gobierno de la República durante la administración de Enrique Peña Nieto a un laboratorio privado; ello sin que hubiera un beneficio para los familiares de las víctimas y sin que al final se reportara algún hallazgo, aunque los hubo.
De acuerdo con el reportaje “Así fue la entrega ilegal de datos genéticos de 49 mil desaparecidos”, de Lucía Flores y Germán Canseco y publicado por El Financiero y Proceso, esta información se entregó en 2018 a la empresa ADN México, cuya razón social es Central ADN SA de CV.
El responsable de esa acción fue Roberto Cabrera Alfaro, quien encabezó desde principios de ese año la recién creada Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), hoy la CNB.
En febrero de 2018, Cabrera Alfaro firmó un acuerdo en que hizo entrega total y sin restricciones de la base de datos a la empresa, cuya directora de Genética Forense y directora comercial era Mariana García Sosa.
“Por este conducto, con la autoridad que mi cargo me permite como titular de la Comisión Nacional para Búsqueda de Personas, me permito solicitarle que los perfiles genéticos que hemos obtenido de una recolección nacional, a través de un protocolo de solicitud a los laboratorios de cada autoridad estatal e instituciones de ámbito federal, sean concentrados, resguardados y renombrados, con número o código identificador de esta institución, en una base de datos confidencial de características iguales a las que usa y comercializa el laboratorio ADN México, de la empresa Central ADN SA de CV”, decía el acuerdo en el primero de sus dos párrafos, según cita el reportaje.
Los datos entregados correspondían no sólo a datos de la CNBP, sino también de las extintas Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la entonces Procuraduría General de la República así como de fiscalías de las entidades.
El oficio dio además la autorización para el uso manejo irrestricto de los datos de los perfiles.
“Por este mismo conducto, autorizo a la Lic. Mariana García Sosa, directora forense y a la maestra en biología molecular Lidia Heredia Melo, jefa de tecnología en ADN, ambas dentro de la empresa Central ADN SA de CV, para el manejo, búsquedas, confrontas, estadísticas y manejos especializado de los perfiles genéticos entregados por la CNB”, versaba el segundo párrafo del acuerdo, según la publicación.
Entrevistado para ese trabajo, Cabrera Alfaro aseguró que en la base no había ni un solo dato biográfico, es decir, no se entregaron datos como nombres y edades, por lo que la empresa sólo contaba con perfiles genéticos, generalmente compuestos de cifras, con identificadores numéricos.
“Era hacer la evaluación del sistema, pero a la vez que pudiera arrojar algún resultado que nos pudiera ayudar (…). Le compartimos los perfiles genéticos sin datos personales. Lo único que compartimos fue la información del perfil para que pudieran hacer cruces y confrontas con nuestras bases de datos”, argumentó Cabrera Alfaro en esa entrevista.
Además, el funcionario se deslindó de lo que la empresa hiciera con la base de datos y defendió que él no cometió ningún delito.
“Les proporcionamos información para que realizaran ciertas acciones. Si ellos hacen, venden, compran, rentan, hacen o deshacen con esta información, hay responsabilidad previa, pero sale de mi campo de acción. Yo no trabajo ahí, yo no conozco qué están haciendo con esa base de datos”, sostuvo.
La base se armó con registros genéticos de diversas partes del país obtenidos desde por lo menos 2011 y que se comenzaron a entregar a la empresa desde 2016, luego de pruebas de su software por la entonces PGR e incluso por algunas fiscalías estatales, como la de San Luis Potosí.
Y al menos en una ocasión, según señala el reportaje, sirvieron para identificar los restos de una persona no localizada. Se trató de Tania Sánchez, hija de Georgina Aranda, desaparecida desde 2012. Su madre fue notificada en 2017 por una filtración de la información precisamente por parte del laboratorio ADN México a un colectivo de familiares de personas desaparecidas de Coahuila, Grupo Vida.
FGR investiga el caso
A 10 meses de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer a familiares de personas desaparecidas que el personal anterior de la CNB se había llevado todo y dejado las oficinas vacías.
“Se llevaron desde las computadoras hasta el registro de las personas”, dijo. “El ADN de las personas. El material genético se lo dieron a un particular”, enfatizó.
Según se detalla en el texto, desde 2018 Mariana García Sosa trató de entregar a las nuevas autoridades los datos en su poder, pero tras varias reuniones, esto no se consiguió. Entonces supo que se había iniciado un proceso penal por el caso.
En marzo de 2020, se citó por primera vez a declarar ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) a García Sosa en calidad de testigo en torno al tema de la base de datos.
En su declaración, destacó su relato de que el 31 de mayo de 2017 les entregaron una memoria con perfiles genéticos sin datos biográficos. Mientras que para febrero de 2018 les entregaron nuevamente una USB que cargaron en su sistema. Mismo que la propia directora comercial de ADN México reconoció ante una integrante de Grupo Vida, colectivo de familiares de personas desaparecidas en Coahuila, que la información se trasladó a España para respaldarla, pues las autoridades de México, a su juicio, no eran confiables.
En diciembre de 2020, García Sosa se presentó nuevamente ante la FGR. En esta segunda sesión, la directiva de la empresa dio a conocer que ADN México había intentado entregar los perfiles genéticos a funcionarios del nuevo gobierno de México hasta tres veces, dos a Karla Quintana, actual titular de la CNB, y una a Alejandro Encinas, pero no lo consiguió.
Tras varias gestiones, se entrevistó con varios funcionarios encabezados por Quintana, quien le aseguró que le recibirían los perfiles, pero que lo tendrían que hacerse ante la FGR “para dar legalidad a la entrega”.
“Después de eso, ya no tuve reuniones con la titular de la CNBP”, aseguró para el reportaje la representante de ADN México. Luego se enteró del proceso penal, por lo que decidió esperar a que le solicitaran la devolución de los perfiles.
Pero como no lo hicieron, contó que los directivos y accionistas de la empresa decidieron colocar toda la información genética que habían recibido en una USB que posteriormente fue triturada. Y según la investigación, ese dispositivo se encuentra en poder de la FGR como evidencia del caso.
Mientras, quedó un gran pendiente por resolver. Según una de las declaraciones de García Sosa ante la FGR, entre las confrontas que hizo la empresa ADN México con los datos de la base, se encontraron más de 11 mil probables casos positivos, es decir, casi 1 de cada 5 casos de los 49 mil registros. Esta información se le dio a conocer a Cabrera Alfaro cuando estaba en funciones, pero sólo verbalmente. La autoridad nunca supo formalmente de esto.
“Más de 11 mil probables positivos incluidos en los archivos que irregularmente ADN México se quedó. Más de 11 mil familias que, de haber sido notificadas, habrían recobrado un cuerpo, recuperado los restos de sus seres queridos y podrían haberlos sepultado, junto con la tristeza y la desesperación que provoca no saber nada de ellos y sentir que se encuentran sumidos en un limbo, en la nada”, sentencia el texto de Lucía Flores y Germán Canseco.