En 2009, el gobierno de Estados Unidos inició un plan para enviar más de 2 mil armas a México para entregarlas a los grupos del crimen organizado, que en ese momento asolaban con enfrentamientos armados especialmente en las ciudades del norte del país. Se le conoció como Rápido y Furioso.
La operación surgió de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de EU, y su meta era rastrearlas para llegar a las cabezas de dichas organizaciones criminales.
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No obstante, comentó el periodista Sergio Aguayo en entrevista para Atando Cabos con Denise Maerker, el plan original era ponerles un chip a cada uno de los rifles de asalto; pero como se acabó el presupuesto, las enviaron sin el dispositivo con la esperanza de encontrarlas cuando se usaran.
Por ello, el también académico calificó al programa de estar mal diseñado, mal implementado y que nunca contó con fondos suficientes.
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“Se hizo un escándalo en Estados a Unidos cuando con una de esas armas mataron a un agente de la policía fronteriza y es desde ese momento que los funcionarios de Felipe Calderón se hacen los escurridizos”, sostuvo.
El escándalo despertó cuando en diciembre de 2010, un agente de fronterizo de EU, Brian Terry, fue asesinado en un tiroteo en Arizona en diciembre de 2010, en le que se usó una de las armas del programa. Luego, escaló aún más cuando en febrero de 2011, en un ataque en una carretera de San Luis Potosí fue asesinado el agente estadounidense Jaime Zapata y herido su compañero Víctor Ávila, de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de EU. Tras la agresión, se demostró que el arma usada en la agresión formaba parte de Rápido y Furioso.
A partir de ahí, el Congreso de EU solicitó detalles del programa, mismos que se el gobierno de Obama decidió mantener en reserva.
En 2014, el grupo Desarma México, integrado por académicos presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de autoridades mexicanas por los indicios que tenían de la participación de estas en Rápido y Furioso.
Este domingo, la FGR dio a conocer que obtuvo órdenes de aprehensión contra 7 personas que participaron en ese programa; entre ellas, Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", quien era líder del Cártel de Sinaloa; así como los exfuncionarios Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón; y Luis Cárdenas Palomino, quien fuera coordinador de Inteligencia de la Policía Federal.
Aguayo celebró que a pesar de haber tardado 7 años la investigación, autoridades de la 4T estén tomando carta en el asunto; aunque lamentó que el gobierno de AMLO desacredite a grupos de académicos y organizaciones de la sociedad civil, que en su momento realizaron esta investigación.
“Si estas órdenes de aprehensión aparecen es porque en el 2014 presentamos de Desarma México un escrito elaborado por Gonzalo Aguilar Zisner, quien ya murió, y que es la clave porque ahí un grupo de ciudadanos argumentamos que éramos víctimas potenciales y por ello teníamos el derecho a que se investigara a los funcionarios mexicanos responsables de autorizar el programa Rápido y furioso”, comentó en entrevista con Denise Maerker.
No obstante, enfatizó que le causa indignación que el actual gobierno federal tenga una actitud “patrimonialista de la historia, pues ellos quieren convertirse en los únicos protagonistas de la transformación democrática del país”.