El matrimonio infantil forzado es considerado una práctica “nociva” que pone en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes. Además, es una violación de los derechos humanos, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En 2019, se reformó el Código Civil Federal de México y se estableció que para contraer matrimonio es necesario ser mayor de 18 años.
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A pesar de esto, el matrimonio infantil es una práctica vigente en la región de La Montaña, Guerrero, que se visibilizó gracias a la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias.
Desde marzo de 2020, la organización no gubernamental ha acompañado 25 casos de uniones tempranas y alrededor de 10 casos de niñas que no desean casarse. El Fondo de Población de las Naciones Unidas establece que la frase “unión temprana” se refiere al hecho de que el matrimonio de las menores interviene con su escolarización y entrada al mercado laboral. Así como con su desarrollo físico, psicológico y emocional.
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En este sentido, explicó a Grupo Fórmula que los matrimonios infantiles forzados no incrementaron durante la emergencia sanitaria, lo que aumentó fue la violencia de género en la región.
Los matrimonios forzados infantiles “exponen a niñas y adolescentes a violencia, embarazos adolescentes y sobrecarga de cuidados, cuando aún no se han consolidado sus trayectorias educativas y decisiones laborales”, según la CEPAL.
Al respecto, la defensora de derechos humanos detalló que el 60 por ciento de atención de Tlachinollan está enfocado a la violencia de género. Por lo que se incluye la violencia familiar, ámbito que incluye los matrimonios infantiles forzados.
Existen 3 tipos de casos que han acompañado, hasta ahora, en el Centro:
- Niñas o adolescentes que sufren violencia en los matrimonios forzados.
- Niñas o adolescentes que sufren violencia en los matrimonios forzados y las obligan a trabajar en campos agrícolas.
- Niñas o adolescentes que piden ayuda para evitar el matrimonio forzado.
Violencia en los matrimonios forzados
En este tipo de casos, las niñas y adolescentes se acercan a Tlachinollan para denunciar que viven algún tipo de violencia, la mayoría de las veces es física.
“Estamos hablando de jóvenes que ni siquiera tienen 18 años, donde van los papás de la joven a denunciar que es violentada”, mencionó.
Una similitud entre varias víctimas es que piden ayuda cuando cumplen 18 años y buscan concluir los matrimonios forzados. Sin embargo, existen hijos e hijas producto de la unión temprana y no les quieren dar la custodia, cuando quieren separarse a causa de la violencia que viven.
Otra condición que les ponen es que devuelvan el dinero que pagaron por ellas. En algunos casos es el costo de la boda y en otros es eso más los recursos que entregaron a los padres de la menor.
Esto sucede porque a las niñas y adolescentes las consideran objetos sin derechos, advirtió Neil Arias.
Trabajo forzado y su lucha por ser libres
Asimismo, existen casos en los que después de que se formalizó la unión temprana o matrimonio forzado, los padres del esposo obligan a las niñas y adolescentes a trabajar en campos agrícolas.
“Ellos emplean su fuerza de trabajo en los campos y ahí quien obtiene los ingresos o la raya de su trabajo es el jefe de familia; siempre es el papá del novio, del esposo”, relató la abogada.
Por otra parte, están las niñas y adolescentes que llegan a Tlachinollan acompañadas de familiares para pedir ayuda, ya que la menor no quiere casarse. La abogada comentó que la mayoría de las veces no acuden con sus padres.
Aunado a ello, agregó que las menores se dan cuenta de que quieren casarla porque los padres del novio acuden a su domicilio para llegar a un acuerdo con la familia de la niña o adolescente.
La defensora indicó que el deseo de varias niñas y adolescentes es seguir con sus estudios porque varias se encuentran en nivel primaria. Afortunadamente, en el Centro de Derechos Humanos han evitado que se realicen varios matrimonios forzados.
Las víctimas se quedan a cargo de sus suegros
Neil Arias reveló que algunas víctimas del matrimonio forzado se quedan a cargo de sus suegros porque los esposos se van a Estados Unidos a trabajar, después de uno o dos años.
Por lo que ellos se encargan de cuidarla. La defensora sostuvo que al estar bajo “el yugo de los suegros” también viven diferentes violencias. Incluso les llegan a quitar a sus hijos.
“Son adolescentes o ya son mujeres que viven sin derechos porque ellas ni siquiera tienen derecho a tener la guardia y custodia de los hijos, se las quitan”, afirmó.
Esto provoca que inicien un “viacrucis” para poder reclamar a sus hijos.