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El presidente de la Comisión de Aguas y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Kamel Athié aseguró que en la creación de la iniciativa de la Ley General de Aguas participó activamente el PRD y explicó que se ha distorsionado el sentido, pues no tiene sentido privatizador, por el contrario se establece el tema como de seguridad nacional.
Aseguró en entrevista con Ricardo Rocha, que la iniciativa de la Ley General de Aguas tiene su origen en un mandato constitucional, que dejó la pasada legislatura al modificar el artículo cuarto de la Constitución en donde se consagra el agua como un derecho humano y fundamentalmente la prisa es que se está acabando la legislatura y la ley no ha sido debidamente cumplida.
Indicó que no se trata de una iniciativa fast track, porque el tema se ha discutido desde hace dos años y que tanto el PAN como el Partido Verde van de la mano con el PRI, pero admitió que no ha sido fácil. En tanto, que el PRD participó en la conformación de la ley, incluso la iniciativa que se aprobó en las Comisiones Unidas tiene importantes aportaciones del partido del sol azteca.
"Nosotros trabajamos con ellos hasta el momento en que citamos a Comisiones Unidas y firmamos los cuatro involucrados en el tema, ingresamos la iniciativa a la Mesa Directiva de la Junta de Coordinación Política y, posteriormente, el PRD nos estuvo deteniendo dos o tres semanas pidiendo oportunidad de consensuar con sus compañeros, nos decía su coordinador, Miguel Alonso Raya (…), después cuando ya estaban citadas las comisiones el PRD nos dijo que ya no iba con nosotros”, precisó.
Sobre las voces que se manifestaron en contra de la iniciativa por ser privatizadora, dijo que se distorsionó lo que en realidad dice la ley porque en el cuerpo del documento se reconoce el tema del agua como de seguridad nacional y, por lo tanto, bajo la rectoría del Estado.
En segundo lugar, agregó, para poder privatizarla cualquier experto sabe que se tendría que modificar el Artículo 27 Constitucional y el 115 en donde se le dan atribuciones a los municipios para dotar de este servicio a sus habitantes y también la Ley de Bienes Nacionales y nada de esto se toca, al contrario, se fortalecen en la iniciativa.
Explicó que le han llamado privatización del agua a la concesión de algunos servicios, lo cual ha ocurrido desde hace muchos años en la historia del país, desde la ley de 1972 y luego la de 1992 en las que la iniciativa privada participa de diferente forma.
"Hoy día, por ejemplo, en el Distrito Federal hay cuatro empresas que subrogan servicios en materia de agua como la jefatura de Gobierno, esas empresas son privadas y tienen diferentes funciones cada una de ellas, pero todas relacionadas con el agua", refirió.
Admitió que se concesionarían a empresas privadas los contratos para construir obras, las cuales no puede hacer el gobierno, por lo que participan empresas en concursos nacionales y cuando son muy grandes a nivel internacional.
Además de que pueden participar mediante el financiamiento de algún acueducto, como en el caso de Ciudad Juárez, en donde el Grupo Carso construyó un acueducto a partir de un conjunto de pozos y le da un metro cúbico de agua por segundo a la ciudad y gracias a eso no hay déficit en el servicio.
A pregunta expresa sobre si se privilegiaría a empresas en concreto como al Grupo HIGA, y dijo que la ley es general y que los requerimientos se deben cumplir sin importar de qué empresa se trata.
Recordó que el Congreso pospuso la discusión de la ley y comentó que está abierto a sugerencias de los diversos sectores de la sociedad, que estén interesados en participar en el mejoramiento de la ley.
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