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Vacíos en políticas públicas permiten explotación laboral en agroindustria. Con Denise Maerker

Organizaciones de la sociedad civil y académicos denunciaron que existe contratación de núcleos familias o comunitarios de parte de la agroindustria para bajar salarios y aumentar el número de trabajadores, pues según cifras oficiales, cerca de 40 por ciento de los empleados son menores de 18 años.

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Organizaciones de la sociedad civil y académicos denunciaron que existen vacíos en las políticas públicas, que permiten la explotación laboral y que persisten por los menos en 19 estados de la República. Señalaron que la agroindustria produce ganancias por 400 mil millones de pesos, pero los salarios de los jornaleros agrícolas van tan sólo de los 65 a los 110 pesos en promedio. Asimismo, expusieron que además subsisten las tiendas de raya que tienen sujeta a la población, bajo un sistema de crédito tras la venta de productos básicos a precios por encima de lo estimado. Además se suma el descuento sindical obligatorio que en algunos campos puede llegar a los 648 mil pesos en total de todos los trabajadores. También denunciaron que consiste la contratación de núcleos familiares o comunitarios de parte de la agroindustria para bajar salarios y aumentar el número de trabajadores, pues según cifras oficiales, cerca de 40 por ciento de los empleados son menores de 18 años. Indicaron que casi 60 por ciento de los niños y niñas que trabajan no asisten a la escuela, porque dedican entre diez a 15 horas al trabajo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 50 por ciento de los accidentes se producen en las labores del sector agrícola, por lo que ser jornalero es considerada una de las actividades más peligrosas a nivel mundial. Un jornalero de la Costa Chica de Guerrero, que no quiso dar su nombre emitió su testimonio de la vida que lleva: "A veces no comemos porque las tiendas ya cerraron, a veces en las viviendas que, a veces hemos estado rentando tomamos agua sucia, no hay luces, y a veces tenemos que construir campamentos para vivir en zonas rurales, donde nos metemos a trabajar, no miramos a ningún gobierno que nos diga de un albergue, que nos digan orientaciones de cómo debe ser nuestro derecho, cuáles son nuestros derechos para trabajar”. Expresó que Sedesol siempre ha prometido ayuda y un programa, "pero nada más van, nos toman nuestros datos, entregamos copias de credenciales, copias de actas de nacimiento, nos entregan un papel que nunca llega un depósito al banco, nos dan unas tarjetas falsas”. En conferencia de prensa, los organizadores han solicitado que se cumpla con las recomendaciones que se hicieron a la Ley Federal del Trabajo en el 2013, que contempla proteger a los jornaleros agrícolas y pidieron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) implemente mecanismos de control que determine cuántos jornaleros y jornaleras son contratados en el país, así como las condiciones de vida que tiene en los campos agrícolas. Además, establecer mecanismos de locución entre la Comisión Intersecretarial para la Erradicación del Trabajo Infantil con las organizaciones académicas integrantes de esa red. Con información de Juan Antonio Jiménez jgr